En tiempos de austeridad estatal, una Secretaría del gobierno municipal local gasta 10 millones por año para atender las adicciones y la convivencia, pero sus resultados no se ven ni se sienten en el territorio.

Se trata de la Secretaría de Prevención de Adicciones y Convivencia Ciudadana, conocida como SEPACC, la cual fue puestas en las manos de Horacio Conrado, amigo del intendente y controvertido ex comisario con ninguna experiencia política, ni conocimiento alguno sobre las adicciones.

La misma fue creada al inicio de esta gestión ante "la necesidad de implementar, de forma inmediata, políticas públicas sobre la prevención de adicciones, contención y atención de las personas afectadas, como así también sobre la saludable convivencia entre los ciudadanos".

De ese modo, el 29 de enero de 2016 se promulgó la Ordenanza Nº 2786 por la cual se creó la SEPACC, junto a la cual también se creó la Dirección de Prevención de Adicciones, la Dirección de Convivencia Ciudadana, y el Centro de Mediación. Para esto la gestión de Bogdan alquiló una propiedad de generosas dimensiones en pleno centro de la ciudad.

Justificaron en aquel momento esa creación en el carácter proteccionista que debe asumir el Estado, especialmente en lo que hace a las adicciones, aceptando que esta requiere principios y criterios orientadores, planes coordinados, líneas estratégicas y planificación operativa destinada a su abordaje mediante una red multidisciplinaria interinstitucional e intersectorial, y prometiendo una amplia prevención primaria, secundaria y terciaria.

En este tercer año de vida, esa Secretaria gastará, de acuerdo a la última actualización del presupuesto, por lo menos, unos 10 millones de pesos, de los cuales casi tres millones se los lleva la conducción ejecutiva, 250 mil pesos el renglón de las adicciones, apenas 2,5 por ciento, y algo menos de 7 millones aquel de una Guardia Urbana que no existe.

Del mismo modo, es de destacar que un 86 por ciento de los 10 millones se van en sueldos y cargas sociales de las 45 personas que frecuentan esa repartición, mientras que el lugar alquilado, con sus gastos, nos cuesta medio millón de pesos.

Ahora bien, frente a la problemática de la drogadicción y de la violencia que enfrenta nuestra sociedad, la ciudad no debería reparar en gastos, porque ellas se están consumiendo nuestro futuro, pero sí, en su tercer año, debería verse algún tipo de resultado social que exhiba lo logrado en la persecución de sus objetivos.

Debería verse en la calle personal para el orden y la prevención de la violencia, promoviendo la sana convivencia, pero sólo se ven recaudadores de celular en mano o pito en boca. Deberían verse menos drogadicción y delincuencia infantil, y menos territorios liberados por el propio Estado, pero las percepciones señalan una cada vez peor realidad.

No se sabe nada de políticas públicas que lleguen a los vecinos afectados, pero sí se sabe de un kiosco para el reciclado de electrónica que nada en absoluto tiene que ver con sus funciones, más que ingresar en un negocio que prácticamente atenta contra la propia ley de municipios.

O sea, 10 millones que significan unos 30 millones en tres años que, no solo no han redundado en nada, en ninguna mejora para la sociedad, en nada de lo prometido, sino que, tampoco, se la ha visto actuando para lograr algo en el barrio, en el territorio, donde está el problema.

Ahora bien, si se aceptara que los 7 millones de la Guardia Urbana, los cuales recibe para una pacífica convivencia ciudadana que no realiza, peor resultarían los números dedicados a la prevención de adicciones, ya que de los 3 millones anuales, el renglón de adicciones significaría apenas un 8 por ciento de lo presupuestado para esa tarea.

Por otro lado, cabe destacar que, tal cual lo advertido desde un principio, esta Secretaría, evidentemente sobredimendionada e inútil, desde su inicio debería haber sido una dirección de Desarrollo Humano, actuando en sintonía con el resto de las áreas, aprovechando eficientemente los recursos existentes para llegar a la intimidad del problema con soluciones concretas.

Mientras tanto, miles de gurises gualeyos siguen esperando un Estado que los rescate de las fauces de un flagelo que los tiene presos ante la indiferente mirada de los funcionarios. Día a día, por docenas, gurises sanos caen en la droga y gurises adictos caen en el delito, sin que a nadie le importe su destino, a pesar de que en ellos está el futuro de todos.

Hoy, el Gobierno Nacional dio un ejemplo reduciendo su organigrama político para resolver un problema financiero, bien podría hacer lo mismo el Gobierno local diluyendo esta repartición y empoderando a Desarrollo Humano para resolver los efectos en nuestros niños por el avance de la droga.

Diez millones de pesos es muchísima plata, ya que alcanza y sobra para hacer muchísimas cosas contra las adicciones y en favor de la convivencia, llevando soluciones reales a nuestros gurises, es por eso que duele su despilfarro o desperdicio.

Ojalá los responsables tengan la grandeza y la valentía de hacerse cargo y tomar las decisiones correctas, aunque esta historia de caprichos no pronostica que esto pueda ocurrir.

Norman Robson para Gualeguay21