En octubre pasado, el Diputado Nacional porteño Juan Carlos Villalonga, ex director político en Argentina de Greenpeace, dejó en el II Encuentro Nacional de Biogás y Energías Renovables, realizado en Cerrito, cuál es el verdadero desafío ambiental de los argentinos.

El legislador, uno de los referentes políticos más empapados en la temática, y autor de la Ley Nacional sobre la generación y distribución de energías renovables, explicó que el mundo, actualmente, ya transita una transición energética, "una mutación completa a nivel global", la cual no significa una cuestión de diversificación de la matriz energética, sino la necesidad de un cambio radical de una matriz socioeconómica hacia otra bien diferente.

En este sentido, el ex Greenpeace describió la situación que, para poder ejecutar cambios concretos que permitan bajar la temperatura del planeta, es clave visualizar el problema desde la ciencia del clima y, en tal sentido, ofreció una didáctica explicación donde se articulan la ciencia y la política, resaltando que de la sinergia entre éstas depende nuestro futuro.

El hecho político más significativo en política ambientalista global es el Acuerdo de París, firmado en 2016, donde se le puso números al objetivo climático por el cual va a trabajar la comunidad internacional durante los próximos años.

En dicho acuerdo, el primero que firma la Argentina en su historia, está el compromiso legalmente vinculante de trabajar para que la temperatura media del planeta, que ya aumentó 1°C, no ascienda más de 2°C, concentrando todos los esfuerzos para que el aumento sea del orden de los 1,5°C. 

El carácter legalmente vinculante de este Acuerdo, para los 97 países firmantes, tiene implicancias enormes a nivel político, económico, y social, pues establece el compromiso de estos países a cumplir metas, con valores y números científicamente avalados, en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y, por ende, a la quema de combustibles fósiles.

El problema radica en que, con esta combustión actual, el dióxido de carbono que estaba debajo de la tierra se inyecta a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y, por consiguiente, la temperatura de la tierra.

Para magnificar el problema, estudios científicos, tomados en cuenta en el Acuerdo, estimaron que el máximo de concentración de gases de efecto invernadero que podemos incorporar a la atmósfera, o que ésta puede tolerar, es de 2.900 gigatoneladas de dióxido de carbono, mientras que, desde 1870, cuando se produjo la Revolución Industrial, hasta 2011, ya emitimos unas 1.900 gigatoneladas, lo que significa, según estimaciones científicas, que hoy nos quedan apenas unas 800 gigatoneladas.

Ese es el Presupuesto de Carbono que tiene el mundo, lo que tenemos para gastar si no queremos que la temperatura se dispare más de 2ºC.

Por lo tanto, siendo que hoy emitimos unas 40 gigatoneladas de CO2 por año, a éste ritmo, agotaríamos el Presupuesto de Carbono en solo 20 años, lo cual obliga a los Estados a proyectar sus políticas de reducción de emisiones de CO2.

Entre las proyecciones que se manejan políticamente, aquella planteada en 2016 significaba una disminución suave y económica que nos permitía llegar a cero emisiones en 2045, pero ya no se cumplió y la oportunidad se perdió.

Por su parte, una nueva proyección partiendo del 2020 implica llegar al 2050 con cero emisiones, cero quemas de combustibles fósiles, de gas, de carbón, o líquidos del petróleo. 

Pero el problema es que la política no asumió cabalmente aquello que está en el Acuerdo de París, el verdadero desafío, esa realidad de que no tenemos más de 30 años para cerrar la era del petróleo e iniciar la de las energías alternativas.

Hoy la amenaza dejó de ser el agotamiento de los recursos, y pasó a ser la capacidad de la atmósfera de absorber y administrar la cantidad de emisiones que le estamos inyectando. Mientras que la primera impactaría deteniendo el modelo productivo actual, la segunda impactaría arrasándola con fenómenos naturales. La alteración de los ecosistemas del planeta impactaría directamente en el suministro de agua y la producción de alimentos.

El consumo de hidrocarburos significa el 81 por ciento de toda la energía, el 87 en la Argentina, y el desafío político es dictar normas e impulsar proyectos para que, en solo tres décadas, reemplacemos todas esas emisoras de CO2 por aquellas que no emitan gases.

La clave está en que el mundo de la política entienda lo que está pasando y reaccione en tiempo y forma, a la altura de las circunstancias, no solo considerando el cambio de modelo productivo y económico, sino, también, el cambio cultural.

El secretario general de las Naciones Unidas advirtió en septiembre pasado que, si no cambiamos el rumbo para el 2020, corremos el riesgo de entrar en el cambio climático desbocado, descontrolado, con consecuencias desastrosas para todas las personas y todos los sistemas naturales que nos sostienen.

Ahora bien, todo esto significa que urgente debemos repensar el modelo actual y adaptarlo a la nueva realidad, una donde la agricultura, la industria, el transporte, la logística comercial, y la vida misma serán totalmente diferentes.

Una vez logrado esto, el desafío será recomponer el balance con intervenciones a pequeña y gran escala en los ecosistemas, de modo de acelerar el proceso de absorción de CO2 y emisión de oxígeno.

Por lo tanto, el desafío es mutar, mudarnos de modelo, hacia uno de cero emisiones en solo tres décadas, lo que significará abandonar, en ese corto tiempo, costumbres sociales y económicas muy incorporadas, lo cual demanda, indefectiblemente, la intervención de las políticas públicas.

Hasta tanto este desafío no esté al tope de la agenda política, con un plan estratégico energético-ambiental compuesto por políticas públicas articuladas en ese sentido, poco se podrá hacer para preservar el Presupuesto de Carbono.

Estamos al final del 2018, y solo queda el 2019, un año en el que todos estarán concentrados exclusivamente en la política, lo que dice que el tren 2020 también lo perderemos.

Norman Robson para Gualeguay21