La realidad nuestra de cada día demuestra, ya sin dudas, que de la ausencia del Estado ordenador, materializada en zonas liberadas, y de la resistencia de ciertos sectores al nuevo modelo cultural, resultan todos los lamentables hechos de violencia.

El común denominador de las tristes situaciones que alteraron la paz en el país está en la pasividad, o impotencia, o indiferencia, o combinaciones de unas y otras, de las fuerzas de seguridad, quienes no imponen el orden frente a las iracundas hordas de inadaptados que se manifiestan bárbaramente.

Esto resulta, por un lado, de las reglas de juego, establecidas por la ley y su interpretación política, que aceptan la ausencia del estado en delicadas circunstancias, mientras que, por otro lado, alientan y consienten la liberación de zonas.

Es inevitable reconocer que estas situaciones de violencia vividas en los últimos días no obedecen a reacciones espontáneas de grupos humanos, sino, más bien, a grupos de tareas instruidos para que, simulando representar a determinados sectores, desaten el terror y el vandalismo.

El nivel de violencia demostrado en las calles de Buenos Aires, de la mano de hinchas de All Boys o de River, de presuntos docentes o militantes sociales, a cara cubierta y palo en mano, no corresponde con lo que está en discusión en cada caso: un resultado deportivo o un proyecto de ley.

Ya no caben dudas de que hay una generación indispuesta y sublevada frente al nuevo modelo cultural, en el cual, de la mano de la cultura del trabajo, se obliga a cada uno a consumir solo el equivalente de lo que haya producido, nunca más que eso.

Del mismo modo, tampoco quedan dudas de que esta generación, absolutamente intolerante, está siendo fogoneada por sectores políticos que saben aprovechar su incapacidad de adaptación para generar el caos.

Por lo tanto, solo se corregirá esta realidad cuando quienes gobiernan puedan interpretar la indignación del pueblo y tengan la valentía de dejar los intereses políticos a un lado, cumpliendo con sus deberes de imponer el orden y de caer con todo el peso de la justicia a quienes fomentan estos hechos.

Ahora bien, sin perjuicio de esto, y más allá de las responsabilidades políticas del caso, también debe haber una responsabilidad civil de los siferented sectores involucrados, los cuales, en sintonía con el Estado, deberán asumir un compromiso cierto y a la altura de las circunstancias.

Si esto no pasa, la inminente escalada de violencia que ya parece inevitable, seguramente, empezará a facturarnos nuestra incapacidad en término de vidas inocentes.

Norman Robson para Gualeguay21