En una ciudad, donde muchos son los ámbitos que deben ser ordenados para garantizar la seguridad y la paz de la convivencia y del desarrollo de los ciudadanos, las responsabilidades deben estar claramente definidas, así como también los responsables.

A tal efecto, el sistema que nos manda concibe que algunos responsables sean elegidos por el pueblo, y otros elegidos por éstos, y que, tanto unos como otros, deban tener que cumplir el rol que les compete a cada uno.

Ahora bien, cuando todo transcurre normalmente, no pasa nada, y nadie dice nada, pero el problema surge cuando las cosas se complican por imprevistos, las responsabilidades no están bien definidas, y, por supuesto, nadie se hace responsable.

En una ciudad, la autoridad máxima es el Intendente, y el único que lo limita es el Concejo Deliberante, integrado por "los legítimos representantes del pueblo".

Esto es así aunque deba soportar en su territorio jurisdicciones ajenas en ámbitos tan sensibles como la justicia, la salud, la seguridad, la educación y otras áreas de gobierno que se encuentran en manos del Estado provincial o nacional.

Dicho de otro modo, el responsable territorial, el responsable de todo lo que ocurre en el territorio, es el Intendente, pues él es en quien decidieron confiar todos los ciudadanos de ese territorio para encomendarle sus garantías y el ordenamiento del territorio.

Por lo tanto, aunque la justicia, la salud, la seguridad, la educación y algún otro ámbito no sean de su injerencia directa, si lo son de su responsabilidad, ya que él es quien está a cargo de ordenar su territorio, garantizando la seguridad y la paz en la convivencia y desarrollo de sus ciudadanos.

De este modo, independientemente de lo que disponga cualquier responsable externo, el Intendente, con acompañamiento de los concejales, es quien debe imponer los intereses de sus gobernados.

O sea, ante cualquier contingencia dentro del territorio, o fuera del mismo pero que impacte en el, el Intendente es quien debe tomar la iniciativa y liderar las acciones necesarias que salvaguarden la integridad y los intereses de sus gobernados.

O sea, ni Juez alguno, ni el Director del Hospital, ni el Jefe de Policía, ni el de Prefectura, ni el de Gendarmería, ni el Director de Escuelas, ni ningún funcionario provincial o nacional, le rinde cuentas al pueblo.

Solo el Intendente y, en segunda instancia, los concejales, son responsables ante la ciudadanía. Son ellos quienes, con todos los recursos a su alcance, deben agotar las instancias en procura de garantizar la seguridad y la paz en la convivencia y desarrollo de sus ciudadanos.

El resto son meros funcionarios con deberes a cumplir, pero sin responsabilidad política.

Norman Robson para Gualeguay21