O la viveza criolla al servicio de la injusticia. El caso de las 80 viviendas demuestra que nuestra Justicia sabe de aquello de "hecha la ley, hecha la trampa", y sabe utilizarlo para no culpar a los culpables y sí a chivos expiatorios. En 2013, el Intendente Erro recibió 25 millones de pesos para viviendas.

En lugar de hacerlas, transfirió ese dinero a una sociedad fantasma armada por su Secretaria Rubattino, quien no las terminó.

Denunciada esta operación ante la Justicia, con todos los documentos probatorios, la Justicia evitó comprometer a Erro y Rubattino, y se concentró en cómo sus contratados se habían gastado el dinero que fuera municipal.

O sea, la Fiscalía local investigó e imputó a quienes no fueron prolijos con el dinero que había sido del pueblo, y no a quienes le habían sacado ese dinero al pueblo.

De ese modo, la Justicia pretende que las culpas de la estafa del barrio de las 80 Viviendas recaigan en los últimos eslabones del delito, manteniendo impunes a quienes lo cometieron, quienes hoy, curiosamente, tienen influencias políticas dentro del oficialismo provincial.

Reseña

El 24 de Junio de 2009 se firmó un Convenio Marco entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y el Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos para el desarrollo del Programa de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales en la Provincia con recursos de la Nación.

El 19 de octubre de 2009 el Ejecutivo provincial aprobó por decreto 3977 dicho Convenio Marco. Como la demanda se encontraba en territorios no municipales, donde no había infraestructura para obras públicas, el 26 de febrero de 2010, por el Decreto 242, se agregó la figura de Consorcio de Gestión, integrado por la sociedad civil y la iglesia.

El 27 de junio de 2013, con la Ordenanza 2695, el Concejo Deliberante, con amplia mayoría al servicio de Erro, autorizó a éste a construir viviendas a través de un Consorcio de Gestión que contratara la mano de obra y comprara los materiales con el dinero que se le girara.

El 1 de agosto de 2013, se firmó entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos y la Municipalidad de Gualeguay un convenio específico del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales para 80 viviendas nuevas en Gualeguay. La Nación aportaría los fondos.

En este convenio, la Nación se hizo cargo de la financiación, la Municipalidaf de las obras y la Provincia de controlar el cumplimiento. En ninguna parte del convenio se estipuló la participación de ningún Consorcio de Gestión.

El 12 de agosto de 2013, por el Decreto 827, la Municipalidad aprobó dicho convenio, y el 16 de octubre de 2013, por el Decreto 1075, impuso la utilización de un Consocio de Gestión como administrador y ejecutor del proyecto de las 80 viviendas.

Al día siguiente, el 17 de Octubre de 2013, conformarin el Consorcio, por medio de un acta manuscrita, Paola Rubattino y otros funcionarios políticos de la Gestión Erro, estableciendo como domicilio el propio municipio, y abriendo una cuenta en el Banco Nación, en la cual Erro depositó los 25 millones recibidos de la Nación.

El armado de la causa

Ahora bien, cuando la Fiscalía local recibió la denuncia, aprovechando las facilidades que le brinda nuestro perverso Código Procesal Penal, obviaron la estafa pergeñada por Erro y Rubattino (esposa del jefe de fiscales), y buscaron la vuelta de armar la causa de modo de inculpar al Director de Obra, responsable de armar de modo aceptable, las desprolijidades cometidas por sus jefes.

O sea, la Justicia no culpó a Luis Erro, como Intendente, y a Paola Rubattino, como Secretaria de Desarrollo Social y como Presidenta fundadora del Consocio de Gestión, ni a los demás partícipes necesarios de este desvío de fondos públicos, como los Secretarios Pablo Figueroa, Mariano Iturbe, Mariano Dunat y Jorge Arias, los concejales José Schonfeld, Marta Fahler, Juan Carlos Freyre, Silvina Carraud, Federico Gallardo y Pamela Sciutto, y los funcionarios Gustavo Briosso y Yamina Joannas. Sino que armó la causa de modo que los culpables sean quienes habían sido encargados de administrar la obra y de dirigirla.

Ahora bien, hoy, 5 años después de cometido el delito, y 3 después de denunciado, la Justicia sostiene eso y pretende co solidaridad la impunidad de Erro y Rubattino elevando la causa a juicio con dos chivos expiatorios.

Por último, solo cabe recordar que esta causa fue investigada por Gualeguay21, y debidamente denunciada por quien suscribe, con toda la documentación respaldatoria, como un claro desvío de fondos públicos a una sociedad informal creada para disponer arbitrariamente de los mismos.

Mientras la Justicia siga pervirtiendo el sistema para naturalizar la impunidad, los entrerrianos seguiremos sin justicia.

Norman Robson para Gualeguay21