En las ciudades entrerrianas, dentro de sus ejidos, efectores municipales y provinciales pueden dar respuesta, a través de sus estructuras, a cualquier vulneración de derecho, pero, en el interior distrital, donde ni siquiera hay jurisdicciones definidas, el gobierno provincial apenas asoma sus narices.

Dicho de otra forma, en la ciudad, hay reparticiones públicas a donde los vecinos pueden ir con un problema y volverse con una solución, aunque sea parcial, pero campo adentro la estructura pública es la mínima indispensable.

Esto redunda en que la realidad social de los vecinos de las poblaciones y rancheríos diseminados en el interior de los departamentos se caracterice por la escasa o limitada presencia del Estado y la imposibilidad de los habitantes de acceder a algunos de sus derechos fundamentales.

En los territorios fronteras afuera de las ciudades, los derechos a la justicia, a la salud, a la educación, a la seguridad, a una vivienda y un trabajo dignos, son casi inaccesibles, a pesar de que el gobierno provincial destina estructura y presupuesto para ello.

Tan es así que, en los poblados, hay comisarías, escuelas, centros de salud y centros comunitarios, y a éstos hay afectado personal, recursos, y programas nacionales y provinciales, pero las vulneraciones a los derechos persisten. Policías, docentes, profesionales y asistentes sociales parecen ser insuficientes para detectar, atender y resolver los problemas que surgen.

Lo que pasa es que no alcanza con intervenciones tibias, livianas y aisladas, sin el compromiso de los agentes, sino que es necesaria una presencia constante, concreta y comprometida en el estricto marco de una política pública que apunte a resolver el problema.

Por ejemplo, en algunos sectores vulnerables, los flagelos sociales como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil están culturalmente arraigados y naturalizados, y, por ello, demandan acciones y medidas en el marco de estrategias políticas comprometidas.

Del mismo modo, los índices de analfabetismo, hacinamiento y pobreza superan holgadamente la media, mientras que, en determinadas zonas, en pleno siglo XXI, aún está presente el chagas, y dos por tres brotan el hanta y la leptospirosis, a la vez que asusta el crecimiento de casos de tuberculosis y sífilis.

En este contexto resultan indispensables las políticas públicas a través de la presencia concreta del Estado aplicando en el territorio los protocolos necesarios cuando se conozca un caso de abuso sexual infantil o de violencia en el hogar, o actuar en casos de extrema pobreza, hacinamiento, o adicciones, o, simplemente, alfabetizando y concientizando.

En otros términos, son los actores territoriales los primeros responsables de detectar una vulneración de derechos, sean éstos cuales sean, y actuar en consecuencia. Son ellos quienes deben tomar la iniciativa frente a cualquier situación de este tipo siguiendo los protocolos correspondientes.

Ahora bien, en la realidad campo adentro, esto no funciona, ya que los casos abundan y cada vez están más arraigados y naturalizados, y, desde los agentes, las soluciones ni siquiera se insinúan. Como el gobierno provincial sabe de esto, ha encargado al Copnaf que baje profesionales al territorio para atender las cuestiones de derechos.

En el caso del departamento Gualeguay, le encomendaron esta tarea a una joven profesional, quien debe, sola, por 10 mil pesos mensuales, sin movilidad, atender cuatro de los ocho departamentos, durante un par de días semanales.

Si bien no es mucho lo que esta profesional puede lograr frente a la magnitud de la vulnerabilidad, no han sido pocos los casos críticos que comenzaron a visibilizarse, ni los vecinos que empezaron a empoderarse frente a sus situaciones. En definitiva, una sola persona sí logró lo que ninguno de los agentes había logrado hasta el momento.

Igualmente, un solo profesional para tan vasto territorio, sin recursos, está claro que no responde a una política de estado seria que pretenda subsanar las problemáticas sociales, sino, más bien, a una acción simbólica, e inútil, que le permita al gobierno provincial sostener un discurso afirmando que se hace algo respecto a lo que ocurre campo adentro.

Pero, igualmente, la labor de la profesional en Gualeguay sí sirvió para desnudar esta realidad, y para reconocer la necesidad de una solución sustentable a la problemática social de las poblaciones vulnerables entrerrianas, donde lo social es cada vez más cultural.

De este modo, resulta preciso e indispensable un compromiso cierto del gobierno provincial articulando su estructura para que, con los recursos necesarios, y con sus agentes comprometidos, tome las medidas adecuadas en el marco de políticas públicas certeras y oportunas.

En la práctica, esto significaría destinar profesionales apropiados, con todas las herramientas que precisen, para recorrer el territorio campo adentro llevando soluciones a todos los casos de vulnerabilidad detectados por los agentes de seguridad, educación, salud y desarrollo social.

Mientras no se haga esto, el gobierno será culpable del abandono de estos entrerrianos, y tanto sus agentes, sean policías, docentes, profesionales o asistentes sociales, como sus jefes políticos, serán sus cómplices.

Norman Robson para Gualeguay21