Entre Ríos es una provincia de la República Argentina, en la cual, como tal, el imperio de la ley y el orden garantizan nuestro estado de derecho, pero la práctica nos demuestra que esto no está funcionando. En la provincia, el sistema existe, y bien caro nos cuesta, pero, entre los engranajes, hay uno, la Justicia, que no acompaña, y eso, cada día, mete más miedo.

El sistema republicano funciona así: La legislatura define con normas cómo debemos convivir, y el ejecutivo, a través de la fuerza pública, impone que se cumplan, mientras que la justicia es la que dirime cuando hay conflictos porque alguien viola las normas. Cuando la justicia no funciona, el caos gana espacio, con éste, la injusticia, y, con ésta, el miedo. Después viene el terror.

En Entre Ríos no debería ser diferente, pero los entrerrianos cada día estamos más indefensos ante las arbitrariedades de nuestra Justicia, la cual ha olvidado su independencia y se encuentra más abocada, no a impartir justicia, sino a adecuar la ley y los procedimientos a sus propios intereses: a veces políticos, a veces mediáticos, y a veces puramente particulares.

Todo esto mete miedo a los ciudadanos, especialmente a aquellos de a pie, quienes no tienen recursos, ni poder, para defenderse de sus caprichos. También mete miedo a quienes visibilizan las consecuencias futuras del desmadre que el desorden está ocasionando.

¿Exagerado? Repasemos la realidad del fuero que más nos compromete: el penal, y veamos que tan exagerado es esto que planteo.

Por ejemplo, a la hora de las denuncias, el sistema, o algunos de quienes lo hacen funcionar o no, deciden si éstas prosperan o no según quién denuncie y, más que nada, a quién denuncie. Sobran ejemplos.

Del mismo modo, a la hora de los procesos, de acuerdo a lo que facilita el nuevo Código Procesal Penal, algunos de quienes tienen la responsabilidad de acusar o no pueden elegir las pruebas para armar las causas y ponerlas a consideración del tribunal, o archivarlas.

De ese modo, el proceso es manejable acomodando algunas pruebas en uno u otro sentido, buscando hacer justicia o sirviendo a algún interés, en especial en los casos de corrupción pública, donde no hay querella y todo se enjuaga en la intimidad de los Tribunales. También sobran ejemplos.

Por último, a la hora del juicio, los tribunales, o algunos de quienes lo integran para hacer o no justicia, si bien saben que reciben información ya parcializada, no hacen nada para ampliar su conocimiento de los hechos, y condenan y penan igual, a la vez que también se dejan influir en esto por cuestiones políticas, por presiones sociales, y algún que otro interés. También sobran ejemplos.

Ejemplos

Uno. Un padre fue a denunciar el abuso sexual de su hija. No le recibieron la denuncia. A los pocos días el abusador violó y mató a una joven.

Dos. Un ciudadano fue a denunciar un acto de corrupción. Le tomaron la denuncia, y luego la archivaron. El denunciado ha sido procesado reiteradas veces.

Tres. Dos funcionarios sacan 25 millones de pesos de la esfera municipal para construir un barrio sin pasar por los controles, pero el proceso se concentra en culpar al que dirigió la obra, que nada tuvo que ver.

Cuatro. Seis ciudadanos sin antecedentes son procesados e inculpados de fraguar un fideicomiso, creado por alguien que ya había fallecido, fundando todo en solo algunos testimonios unilaterales e interesados.

Cinco. Un funcionario se cuelga de la luz para realizar un acto politico, lo cual está señalado como delito por el Código Civil, pero el tribunal entiende que no es así y lo absuelve.

Seis. Dos tipos violan y matan a una joven. El proceso pone todas las pruebas a disposición del tribunal, pero este, presionado por los medios, sentencia mal, y ahora hay que hacer el juicio nuevamente.

Siete. Una chica acusa a un muchacho sin antecedentes de que la violó dos veces, y un tribunal lo condena solo fundado en las declaraciones de ella, las de unas amigas, y las de unos profesionales.

Ocho. Una orden de allanamiento a la vivienda de una funcionaria sospechosa, en el marco de una causa por corrupción, fue impedida por el coordinador de fiscales, y esposo de la sospechosa, amparándose en sus fueros.

Nueve. El presidente del Superior Tribunal de Justicia considera, públicamente, que hay delitos condenados en el Código Penal que no son tan delito.

Diez. Un proceso por peculado, donde funcionarios se apropiaron de cheques de la Municipalidad y, denunciado el hecho, los devolvieron, lleva diez años sin resolverse.

Once. Media docena de personas intervinieron en el robo a una escribanía, y, luego de costosas investigaciones, fueron detenidas. Hoy están todos libres.

Doce. Un funcionario, aprovechándose de su cargo, abusó de dos menores. Lo reconoció en un juicio abreviado por el cual quedó en libertad. Hoy sigue ejerciendo su cargo.

Trece. Desaparece un empresario y, abruptamente, la investigación pasa al fuero federal, donde quedó olvidada.

Y hay muchos ejemplos más, y todos por acá nomás. Un poquito más lejos, pero siempre en el sur de la provincia, nos encontramos con casos como el de Fornerón, el de Broggi, el de Veronessi, y funcionarios que son realmente dignos de tenerles miedo. Tal la desfachatada perversión de algunos fallos que hasta el propio Superior debió ponerlos en su lugar, como en el caso de algunas resoluciones de los tribunales de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. 

De igual manera, en los demás fueros, Civil, Familia y Trabajo, las cosas no son muy diferentes, y, a la hora de las denuncias, procesos y sentencias, algunos de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia o no, imponen también cuestiones ajenas pervirtiendo los procesos y haciendo de la justicia una injusticia.

Por último, más allá de todo esto, el sistema no es malo o perverso "per se", sino que es lo que una proporción de sus funcionarios hacen de éste, y, si bien hay muchísimos hombres íntegros en la justicia, no son pocos los que no lo son. Son éstos, precisamente, los que provocan que la Justicia meta miedo.

Esta falta de integridad sale a la luz cuando un funcionario miente con alevosía, cuando se sube el sueldo, cuando tergiversa la ley, cuando dice que un delito no es tan delito, y cuando se abusa de su cargo. Cuando persigue cualquier otro interés que no sea el de ser justo.

En definitiva, lo expuesto no es una exageración, sino que la Justicia mete, cada día, más miedo.

¿Qué dice sobre ésto la Justicia?

Frente a cualquier cuestionamiento de este tipo, el grueso del funcionariado pretende presentar a la Justicia como una ciencia oculta de exclusiva comprensión de parte del olimpo judicial, muy alejada del entendimiento popular.

De ese modo, cada injusticia se justifica pervirtiendo el propio concepto de justicia, cuando lo justo y lo injusto son realidades que saltan a la vista de cualquier ciudadano.

¿Qué dice sobre ésto el Foro?

Por el otro lado, los abogados se acomodan, callan, y, por impotencia o connivencia, se convierten en cómplices voluntarios o involuntarios de las injusticias. Algunos, incluso, se han adaptado de tal forma que aprendieron a aprovechar esto en beneficio propio y de sus clientes.

Igualmente, ninguno levanta la bandera de la justicia en contra de la injusticia, no vaya a ser cosa de que por reaccionar se pierda alguna "facilidad" de algún funcionario judicial, sea juez, fiscal o verdugo.

En definitiva, la agenda de la Justicia la definen, a veces, los intereses políticos; otras veces, la presión social; otras tantas, el lobby de sectores minoritarios; otras, y no pocas, los intereses particulares; y otras veces, no tantas como uno quisiera, la definen la justicia, respetuosa de un estado de derecho igualitario para todos los ciudadanos.

Norman Robson para Gualeguay21