Todo hace parecer que, en la actualidad, los crímenes se resuelven en facebook. Alguien publica los detalles del caso, unos publican en nombre de las víctimas y los testigos, otros abonan con conceptos sobre justicia, algún tercero aporta pruebas irrefutables, y, finalmente, cientos de jurados dictan condena. Pero esto nada tiene que ver con la justicia, donde somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El problema es que la pena, rápidamente dictada por este escabroso sistema paralelo de justicia, es inapelable, e irremediable para el justa o injustamente condenado. Pasa que, mientras el sistema republicano aún está en las gateras, en cualquier red social ya se resolvió todo y se ejecutó, sin piedad, ni escrúpulos, al que livianamente consideraron culpable.

Es que aquel precepto jurídico constitucional de que todos somos inocentes hasta que se demuestra que somos culpables ha pasado de moda, ya que, sin mediar proceso alguno, solo por dimes y diretes, se dicta sentencia pública, se condena, y se ejecuta, a cualquiera por lo que sea.

Alguien podrá decir que ésta es solo otra de las tantas injusticias que traen las redes, pero la cuestión es que las redes no piensan ni tienen vida propia, sino que son una suerte de plaza pública virtual donde todos se encuentran para manifestarse, para compartir su vida, y para volcar sus pensares y sentires.

En este escenario intangible confluyen, e interactúan, hombres y mujeres, grandes y chicos, educados e ignorantes, formados o no, y cada uno con su propia personalidad, mucho más liberada que en los escenarios físicos tangibles, y dotada de toda impunidad.

Precisamente es ésto último lo que complica la situación: la conducta de las personas expresándose con total libertad e impunidad, no solo lastimando la integridad de terceros, sino, también, promoviendo una apurada, sino injusta, siempre irreversible, condena pública.

Por lo tanto, aceptando que las redes sociales llegaron para quedarse, lo que hay que modificar, o controlar, o lo que sea que haya que hacer, es la conducta de las personas dentro de las mismas. Es preciso hacer entender a la gente cuáles son los límites del derecho a opinar y aquellos de la libertad a expresarse, tal cual son fuera de las redes.

En otras palabras, así como tenemos ordenada la convivencia en la casa, en la calle, en el trabajo, etcétera, es preciso ordenar la convivencia en el plano digital. No es difícil. Hoy hemos logrado que un hombre no pueda piropear a una mujer, así que no debería ser difícil lograr que una persona no pueda publicar aquellas cosas que no puede decir en público.

Para esto es preciso, por un lado, reforzar conceptos de convivencia como aquel que dice que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro, y aquel que sostiene que, para tener derecho a opinar, hay que cumplir con la obligación de saber. Por otro lado, también es preciso corregir el ámbito de la convivencia.

Esto para nada atenta contra las libertades individuales, sino que ordena la convivencia de estas libertades en el marco del mismo sistema que nos ordena afuera de las redes: la república. Si no se puede insultar a alguien o acusarlo falsamente en un espacio público, tampoco se debería poder hacerlo en una red social de acceso público.

Si bien las fuerzas que trabajan contra el cibercrimen hoy logran buenos resultados, especialmente en el terreno de los delitos sexuales, no es así en lo que se refiere a difamación pública y otras formas de agresión. Esto no es caprichoso, sino que el sistema vigente no está preparado, o no alcanza, para ordenar la convivencia virtual.

Hoy es preciso ordenar todo esto con nuevas leyes que castiguen ejemplarmente los abusos dentro de las redes sociales, al igual que fuera de ellas, y arbitrar un sistema de registros que permita aplicarlas. Vale destacar que el alcance, y grado de daño, de un abuso es mucho mayor en una red, donde conviven millones de personas, que en cualquier otro ámbito.

Para todo esto, vincular los perfiles con personas es fundamental. Cualquier ordenamiento de la convivencia en las redes sociales debe implicar que todo perfil se corresponda con un titular, mayor de edad, que sea responsable de todo lo que publique ese perfil, sea en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier espacio virtual existente o por existir.

De ese modo, con reglas de juego claras que puedan aplicarse, y procesos ágiles que cumplan con su sentido, la justicia volverá a las sabias manos de la propia Justicia. No habrá más condenas públicas que no estén respaldadas por un proceso legal que las convalide. Mientras esto no ocurra, los ciudadanos seguiremos indefensos a merced de un caprichoso sistema que facilita que se nos castigue arbitrariamente. O sea, seremos culpables aunque demostremos nuestra inocencia.

Norman Robson para Gualeguay21