Hecha le ley, hecha la trampa. Leyendo el último decreto municipal, y su similar provincial al que adhiere, se puede descubrir la trampa a la que ha recurrido el Intendente local para eludir su responsabilidad de gobernar. A través de un artículo, Bogdan apela al concepto de "responsabilidad social individual" para evitar cumplir con su trabajo.

Este no es un vicio nuevo de su gestión, ya que, en el pasado, ya ha culpado a sus gobernados por los desórdenes imperantes en la ciudad, los cuales, sin lugar a dudas, son producto de su incompetencia para ordenar la ciudad o, lisa y llanamente, de su desinterés. Para esto basta recordar las veces que culpó a los padres por hechos de niños y jóvenes.

Ahora bien, en tiempos de pandemia hay en juego algo más que el desorden y el caos público, se juega con la salud de los ciudadanos. De ahí la gravedad del tema.

Por ejemplo, en el decreto provincial 832/20, sobre las actividades culturales, al que adhierió nuestra Municipalidad por el decreto municipal 480/20, el artículo 4 establece que "las autoridades Municipales o Comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de los protocolos de actuación y de las normativas que se dicten, para la efectiva instrumentación del presente acto administrativo".

Es más, en sus considerandos, ese decreto entiende que los municipios son lla instituciones idóneas para concretar el acto de control de estas actividades", recordando que las Municipalidades son "las que ejercen el poder de policía en materia de habilitaciones comerciales, salud pública, seguridad, higiene y bromatologia de acuerdo a lo que dispone el artículo 240 de la Constitución de Entre Ríos.

En otras palabras, la Provincia deja bien claro que los gobiernos municipales, a través de sus agentes de control en los diferentes ámbitos, son los que deben asegurar a la población que las actividades se desarrollen según el marco de seguridad establecido a nivel provincial y nacional.

Pero en el artículo 3 del decreto 480/20, de la semana pasada, el Ejecutivo local se desentiende de esa tarea estableciendo que el desarrollo de las actividades habilitadas "deberá ser realizado bajo el sentido de la responsabilidad social individual y la responsabilidad de los representantes de cada institución o establecimiento".

O sea, la Municipalidad reniega de cualquier responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos especificos, y alega que son los individuos los responsables de cumplir con los mismos. Dicho de otra forma, Bogdan se resiste a ser la autoridad ordenadora de la convivencia ciudadana y se desentiende de los daños que pueda causar el incumplimiento de las leyes vigentes. 

Tal es el desinterés por el cumplimiento de éstas disposiciones que la Municipalidad, al hacer públicas sus adhesiones, se "olvida" de compartirle a sus gobernados los protocolos que deben respetar para salvaguardar la salud de la ciudad.

Hecha la ley, hecha la trampa, y los argentinos seguimos presos y condenados por nuestra viveza criolla, la que nos valió la fama alrededor del mundo. ¿Hasta cuándo?

Norman Robson para Gualeguay21