Según las garantías que nos brinda nuestra Constitución Nacional, con el sagrado objeto de protegernos de la injusticia, todos, sin distinción de género, somos inocentes hasta que un proceso justo, en el cual podamos defendernos, determine, sin lugar a dudas, que somos culpables. Pero, hoy, esa balanza milenaria se rompió con las políticas de género, sumiendo a unos y otros en un paradigna de violento enfrentamiento.

Hoy, aquella sagrada premisa jurídica que ordenó al ser humano en sociedad en lo que va de la historia moderna fue vulnerada por leyes que, absurdamente, pretenden consolidar la igualdad entre hombres y mujeres imponiendo diferencias entre éstos, y provocando un desequilibrio de  derechos y beneficios en favor de un género y en contra del otro.

A partir de esto, para los hombres ya no rigen la República y el estado de derecho, ni en la formalidad de la Justicia, ni en la informalidad de la sociedad, ya que, a partir de la denuncia de una mujer en contra de un hombre, sin la más mínima verificación de la veracidad de la misma por parte de autoridad judicial alguna, se presume la culpabilidad del varón. O sea, contra aquel sagrado precepto constitucional, los hombres son culpables hasta que puedan demostrar, sin lugar a dudas, su inocencia.

Con estas nuevas reglas de juego, cualquier autoridad judicial ordena la prisión de un hombre, solo por el contenido de la denuncia, a la vez que le basta y sobra para condenarlo que una sicóloga asegure, luego de una entrevista de cuarenta minutos, que la mujer no miente y que el hombre es capaz de haber cometido el crimen del que se lo acusa.

Lamentablemente, de la experiencia inmediata surge que, mientras tiene lugar este proceso, la mujer acusadora, alentada por la impunidad que le confieren las nuevas leyes, agita la opinión pública y promueve la apresurada condena social del hombre, destruyendo, sin ningún reparo, impiadosa e inescrupulosamente, su integridad y cualquier espectativa de futuro que éste pueda tener.

Esta mediatización, al mismo tiempo, en los juicios inclina la balanza en favor de la mujer, ya que los jueces prefieren condenar al hombre, aunque prevalezcan las dudas, con tal de evitar el escarnio público. De todas maneras, en una nueva instancia, el imputado tendrá justicia, pero nadie le resarcirá a éste el daño causado durante el tiempo que la Justicia tarde.

En definitiva, de acuerdo a este maquiavélico sistema, y su perverso ranking de violencias, un sicópata homicida, confeso y condenado por un tribunal, aunque hombre, tiene más derechos que cualquier otro hombre, de trayectoria impoluta, denunciado por una mujer.

Todo este contexto trajo dos consecuencias directas: más violencia social y el aprovechamiento colateral de la situación. Mientras esté marco de injusticia instaló el desequilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres, y ésto desató, y desata, un espiral de miedo y violencia de inimaginables dimensiones, el contexto es aprovechado como método de represalia, revancha, despecho y/o venganza, tanto por mujeres como por adversarios políticos, empresariales, deportivos, etcétera.

De este modo, tal es la degeneración que ha sufrido este modelo de "igualdad de derechos" en favor de la "protección de derechos" de la mujer, y tal la proliferación de casos en los que hombres fueron condenados injustamente, que va perdiendo sentido para la sociedad. A los ojos de ésta, aquella política que venía a traer paz y justicia a las mujeres ha mutado en un perverso mecanismo que ha disparado los índices se violencia de género, desacreditando el feminismo, y desperdiciando sus legítimas conquistas.

Norman Robson para Gualeguay21