La crisis histórica argentina, agravada a partir de la pandemia, ha puesto a la sociedad en una situación de emergencia, la cual no desaparecerá mágicamente, sino que se extenderá por un buen tiempo, y se agravará, si la clase dirigente no toma cartas en el asunto. Son tiempos difíciles que exigen el compromiso y la participación de la sociedad civil.

Como si no fuera suficiente con la crisis con la que hemos crecido, y sobrevivido, ahora se nos suma una pandemia que nos sumerge a todos en un escenario de colapso, donde imperan el desorden y el desconcierto, liberados por un Estado que está la mayor parte del tiempo ausente y, cuando está presente, es absolutamente incompetente.

Por otro lado, y en sintonía con nuestra historia, esta crisis no la pagan los políticos, ni los empleados públicos, ni nadie de las patrias contratista o financiera, sino que cargan con ella, exclusivamente, los actores económicos privados: empresarios y trabajadores de la producción, el servicio y el comercio, con las pymes a la cabeza.

Frente a este escenario, la participación de las asociaciones civiles gremiales y sindicales será crucial y determinante en la evolución y resolución de la crisis, pues son éstas entidades las que deben anteponer a todo la reconstrucción del país según un nuevo modelo, con nuevos valores estratégicos, nuevas garantías y nuevos equilibrios. Un nuevo orden.

Es preciso que la sociedad civil, representada por instituciones intermedias, aparezca de forma presente y activa terciando entre la gente y el Estado, promoviendo, sino imponiendo, medidas y estrategias que apunten a consolidar la adaptación y adecuación a ese nuevo orden.

Éstas instituciones no son las gigantes nacionales de ostentosas estructuras, sino las territoriales, las de cada pueblo, esas que tienen contacto directo con la realidad, y, por ello, son las que tienen la capacidad de producir cambios concretos y, si se lo proponen, sustentables.

La nueva realidad exige un ordenamiento de la convivencia social y económica según un estricto marco de garantías sanitarias, de modo de que la sociedad pueda proteger su salud y recuperar sus actividades sociales y económicas.

Si bien es el Estado quien debería imponer éste ordenamiento, su ausencia e incompetencia obligan a la sociedad a salir a hacerlo, no desde lo individual, sino desde lo gremial y sindical, alineando el esfuerzo de cada una de las bases detrás de un nuevo modelo. 

En definitiva, hoy, más que nunca, las asociaciones civiles que representen comerciantes, productores agropecuarios, prestadores de servicios, profesionales, industriales, pymes, y trabajadores privados de todo tipo, deben replantear su rol orientándolo hacia la nueva realidad.

Cada gremio o sindicato debe salir ya a reinventar su actividad imponiéndole las garantías sanitarias necesarias que la hagan segura, de modo de proteger a sus representados sin afectar su desarrollo competitivo. Si así no lo hicieren, ni Dios ni la Patria podrán salvarnos del apocalipsis.

Esos son los tiempos difíciles que enfrentamos, y solo de nosotros depende el superarlos.

Norman Robson para Gualeguay21