Más allá de la cuestión política, el hecho de que el Gobierno Nacional decretara que la telefonía, internet y la televisión son servicios públicos esenciales y estratégicos instala el debate sobre si éstos significan un derecho cuyo acceso el Estado deba garantizar. Una revisión sobre la implicancia de estos servicios en un marco de derechos fundamentales en plena era del conocimiento nos permitirá tomar una posición al respecto. Contrastes con la realidad.

En la actualizadad, los celus, la web, y la tele ya forman parte indispensable de nuestra vida cotidiana, ya que han evolucionado más allá de sus funciones originales de comunicación y entretenimiento, adquiriendo un protagonismo social y económico que alcanza a ser trascendente y determinante en el desarrollo integral de la sociedad.

Tal es la impensada dimensión que adquirieron estos servicios que, por ejemplo, gracias a ellos, hoy podemos estar del otro lado del mundo, en Pekin, con un plano de esa ciudad y un traductor instantáneo de mandarín, sin dejar de escuhar el noticiero de Gualeguay y hacer operaciones en nuestra cuenta en el banco local, mientras nuestros amigos pueden ver en la tele las últimas noticias chinas.

Es más, tan insertados en nuestra rutina están estas prestaciones que con ellas muchos gurises hoy asisten a clases, o acceden a programas de interés general, y muchos de nosotros, aparte de ver el pronóstico del clima, nos abastecemos y pagamos nuestras cuentas.

Pero, más allá de esto, para que podamos evaluar estas prestaciones como justos derechos, deberemos revisar los conceptos de servicio público y de derecho universal o fundamental, analizar el rol social de cada uno, y su carácter esencial y estratégico en un marco social donde el conocimiento se ha vuelto vital para el desarrollo de las personas.

Para esto, primeramente, debemos recordar que éstos servicios involucran dos aspectos: por un lado, el equipo, y, por el otro, el acceso del mismo a la red correspondiente. De nada sirven el uno sin el otro. Por lo tanto, lo que debemos evaluar es el acceso como derecho a los receptores y a las respectivas señales: la del celular, la de internet y la de la televisión.

Conceptos

Cabe recordar que un servicio público básico, esencial y estratégico es aquel brindado desde una institución pública o privada para satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad, esencial para el desarrollo de sus individuos, y estratégica para cualquier política pública territorial, a la vez que, por ese carácter básico, esencial y estratégico, el acceso al mismo debe estar garantizado por el Estado.

Según éstos conceptos, un servicio público de estas características es aquel que involucra derechos fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, para evaluar los servicios de telefonía celular, de internet y de televisión por cable como tales debemos determinar el carácter básico, esencial y estratégico de cada uno.

A este efecto, vale recordar que, en 2017, rectores, docentes, investigadores y estudiantes de toda Latinoamérica en 2017, de cara a la Conferencia Regional de Educación Superior, organizada por la Unesco, estuvieron de acuerdo en que el conocimiento es un derecho humano universal y un bien público y social, por lo cual el Estado debe garantizar su democratización, a la vez que coincidieron en la necesidad de universalizar el acceso a la comunicación y la información, contribuyendo así a una existencia que permita desarrollar estándares uniformes de bienestar y de calidad de vida para todos.

Este derecho al conocimiento solo puede garantizarse poniendo al alcance de la sociedad, todos los canales de comunicación, y todas las fuentes de información. Precisamente, hoy en día, las herramientas de comunicación que, a través de sus canales, nos conectan con todas las fuentes de información del mundo son los celulares, las computadoras y los televisores, a través de las redes de telefonía móvil, de internet y de televisión por cable.

El rol social

Si bien el celular e internet fueron inventados como herramientas de comunicación, y la televisión como un recurso de esparcimiento, en la actualidad, los tres han adquirido un rol relevante como fuentes de información y generadores de conocimiento.

El acceso desde los celulares a la web, el acceso en ésta a todo tipo de contenidos gracias a los buscadores, el universo de aplicaciones, más el acceso a través de la tele a canales de todo el mundo, con información de todo tipo, ha convertido a esos equipos y sus redes en indispensables para la generación de conocimientos. Sobre ellos está sostenida la globalización.

Es más. Con la crisis sanitaria producto de la pandemia, el carácter indispensable del acceso a una buena comunicación y a una mejor información se hizo más evidente,  tanto en los niños y jóvenes como en los mayores, para cumplir tanto con la educación como con el trabajo, al igual que como argumento de contención.

Esencial, estratégico y accesible

Ahora bien, en un contexto de normalidad, y con el afán de lograr la tan pretendida igualdad de oportunidades y condiciones para una mejor calidad de vida planteada por los derechos fundamentales, contar con los receptores y tener acceso a las redes del celular, de internet y de la televisión es fundamental para cualquier desarrollo individual.

Por lo tanto, traducido ésto a la actual era del conocimiento, donde la globalización pone el mundo al alcance de todos, el desarrollo de una buena y digna calidad de vida depende, en gran parte, del acceso que tengan los individuos a las nuevas tecnologías y a las redes de comunicación correspondientes. Sin lugar a dudas, éste acceso es uno de los tantos accesos esenciales para el ser humano del segundo milenio.

Del mismo modo, los servicios esenciales resultan estratégicos a la hora de diseñar e implementar políticas públicas que propendan tanto el desarrollo social como el económico de una sociedad, en especial en esta era del conocimiento, cuando cualquier tipo de estrategia de desarrollo debe contar con un enriquecimiento cognitivo que permita poner en valor toda la sociedad, y que se traduzca en realizaciones sociales y económicas que mejoren la calidad de vida de todos.

Claro está que la responsabilidad en el desarrollo de éstas políticas públicas, promotoras de mejoras en la calidad de vida de la sociedad, recae exclusivamente en el Estado, quien debe, a partir de éstas, y en el ámbito de los derechos, protegerla y garantizar todo lo necesario para su desarrollo integral.

Pero atención: El hecho de ser un servicio público que responde a un derecho universal garantizado por el Estado no significa que el mismo deba ser gratuito, sino que éste debe asegurarse de que la gente quiera y pueda acceder al mismo. Dicho de otra forma, el Estado debe promover ese derecho entre sus ciudadanos, para lo cual debe asegurarse que éstos puedan tener sus equipos, facilitados por el Gobierno o adquiridos por sus propios medios, y puedan acceder a las redes, privadas, públicas o subsidiadas.

El agua corriente, la luz y el transporte son ejemplos de servicios públicos, los cuales no llegan a la gente gratis, sino que llegan a valores accesibles para toda la sociedad, sin excepciones.

Entre estos ejemplos, el acceso al agua potable es un derecho universal desde el siglo pasado, y, en tal sentido, es un servicio público garantizado por el Estado. Por eso, la infraestructura para poner el agua al alcance de la sociedad surge de la obra pública en el marco de políticas de Estado que protejan y promuevan el desarrollo humano, mas no por ello el Estado reparte gratuitamente la grifería, ni deja de cobrar el servicio. 

De todo esto se desprende las tres prestaciones abordadas conforman derechos universales moderno, o de cuarta generación según las organizaciones internacionales de derechos, ya que atienden y satisfacen necesidades hoy vitales para el desarrollo humano.

Contrastes con la realidad

Ahora bien, en una sociedad como la argentina, donde no hay antecedentes de políticas de Estado sustentables que apunten honestamente al desarrollo integral de la sociedad, lo cual se tradujo en los actuales índices de pobreza y deseducación, difícil es concebir un Estado promoviendo el conocimiento, sino que, más bien, todas las medidas responden a una demagogia clientelista que ha identificado a todos los gobiernos durante las últimas décadas.

Lamentablemente, distintos gobiernos a lo largo de la historia han tomado los legítimos derechos de la sociedad para pervertirlos, incorporándolos a sus discursos, pero sin jamás haber desarrollado o aplicado política pública alguna en ese sentido. Desde siempre, los derechos fueron un argumento prometedor, pero nunca fueron más allá de la promesa.

Conclusión

Por todo esto, en honor a la honestidad política, y más allá de la hipocresía de sus cultores, no hay dudas de que es menester de cualquier Gobierno el garantizar el acceso a la comunicación, la información, y, a través de éstos, al conocimiento, pero, para ello, no bastan declaraciones populistas, sino políticas ciertas y efectivas que promuevan el bienestar general a través de una justa redistribución de las riquezas, una educación a la altura de la modernidad, y una intensa promoción de derechos.

Por lo tanto, en estos tiempos, por su carácter básico, esencial y estratégico para la sociedad, el acceso al celular, a internet y a la televisión son derechos universales que revisten carácter de servicio público, el cual debe ser garantizado por el Estado y promovido con políticas públicas adecuadas. Aunque los políticos no lo sepan ni les interese saberlo.

Norman Robson para Gualeguay21