A partir de la recorrida realizada por las reservas municipales sobre el rio Gualeguay, y de publicada mi visión sobre su aprovechamiento socioeconómico, he observado que existe la creencia de que estos tesoros deben permanecer ocultos para mantenerlos protegidos del daño del ser humano. Si así fuera, el mundo no tendría ni Pantanal, ni Tsavo, ni Yellowstone. Un problema cultural que nos atraviesa como sociedad pero que aún no es tarde para que sea corregido.

Para abordar esta cuestión de desarrollar o no patrimonios es preciso, primero, reconocer la contaminación cultural provocada por el escepticismo como corriente filosófica impuesta por el populismo, para luego, recuperando los principios políticos propios de la República, desarrollar los aspectos de derecho junto a los económicos. 

De ese modo, vale recordar que la corriente escepticista que hoy nos atraviesa como sociedad ha contaminado con incredulidad y desinstitucionalización todo el sistema de convivencia de la sociedad. Esto no solo ha provocado el derrumbe del respeto por las autoridades, sino que, también, nos ha llevado a olvidar los compromisos indelegables del Estado, no paternalista ni socialista, sino Republicano, al cual adherimos como sociedad en nuestra Constitución.

Según esos preceptos constitucionales que nos alcanzan, es deber del Estado ordenar en todo su territorio todos los ámbitos de convivencia pública, administrarlos garantizando el estado de derecho, y desarrollarlos explotando todos los recursos a su alcance de forma justa, eficiente y efectiva. Para cumplir con estos deberes, como corresponde a toda República, el Estado cuenta con las leyes u ordenanzas, según cual sea la jurisdicción.

De este modo, en lo que se refiere a las reservas municipales sobre el río Gualeguay, el Estado debe ordenarlas, administrarlas y desarrollarlas, garantizando su accesibilidad, protegiendo su integridad, y promoviendo su aprovechamiento como parte de nuestro patrimonio, así como lo hace con cualquier otro espacio público municipal, sea cualquiera de las plazas, el parque, la Costanera, y el viejo balneario.

Dicho de otra forma, esas reservas deberían estar debidamente registradas en términos documentales, puestas al alcance de la ciudadanía para su aprovechamiento, a la vez que deberían ser mantenidas, preservadas y protegidas en toda su dimensión, para ser aprovechadas por la comunidad, tal como ocurre en cualquier reserva del mundo moderno.

Al respecto sobran ejemplos, donde el Estado se ha hecho cargo de garantizar el desarrollo de sus reservas. Por ejemplo, si en el Pantanal de Brasil encuentran a alguien lastimando de alguna manera el ecosistema, esta persona termina presa por 30 días. Ahí, como en cualquier otra reserva del mundo, entienden que el recurso naturaleza es sagrado.

Ahora bien, incorporar estas reservas a la ciudad, si bien es justo y necesario, no es algo fácil, ni, mucho menos, rápido, ya que implica ampliar su red de servicios, energía eléctrica, seguridad, transporte, etcétera. O sea que su inclusión social y económica significa presupuesto, y éste, una vez obtenido, significa trabajo, recursos que no abundan en el Estado.

Sea como sea, bajo ninguna circunstancia debemos permitir que la desidia de la población en sus conductas, o la incompetencia de nuestro Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades, se naturalicen, sino que debemos rechazar y condenar a las primeras, y reemplazar las segundas por procedimientos y políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. De ninguna manera debemos claudicar en nuestros derechos, ni quitarle valor a nuestros patrimonios, porque algunos ciudadanos perdieron el respeto por lo común o algunos funcionarios olvidaron sus deberes.

Norman Robson para Gualeguay21