En esta era de los servicios, cualquier prestación es posible, incluso injuriar y calumniar a alguien con total impunidad. Pareciera ser que para ello basta presentarse en la Fiscalía local, regentada a control remoto por un político frustrado de Diamante, para denunciar a cualquiera de cualquier cosa sin prueba alguna, para que la injuria y la calumnia se hagan públicos para condenarlo socialmente. Luego se archiva la causa y que pase el que sigue.

Eso es lo que parece, ya que desde que este jefe de fiscales se hizo cargo, han abundado las fantásticas acusaciones, especialmente aquellas con algún tenor político, y siempre se han originado en un mismo círculo. Incluso Gualeguay21 fue víctima de este servicio "a medida" u "on demand", como se lo llama ahora.

El último de estos casos, el cual motiva esta columna, es la denuncia realizada por un difamador serial local, un tal Mario González, quien en su cuenta de Facebook, denuncia en mano, no tiene reparos en tratar de "porquería" e "hijos de remil putas" a dirigentes, funcionarios, ex políticos e, incluso, una legisladora en funciones, solo porque alguien, tan cansado de su violencia y agresividad como lo estamos muchos, le dio una merecida corrección.

Pero lo lamentable es que quien debe protegernos de estos energúmenos como González es nuestra Justicia, la cual, en lugar de hacerlo, se asocia a éste aceptando sus injurias y calumnias, tal como las ha aceptado en el pasado de otros y otras, sin reaccionar a la mentira, y sin que se le mueva un pelo por el daño ocasionado a inocentes. Tal como las han aceptado de una seudoentidad sin personería jurídica, como la autotitulada Multisectorial de Mujeres, quienes nos señalaron como misóginos y nos acusaron de violencia de género simbólica y mediática. Total, después todo se archiva y acá no ha pasado nada.

Claro está que hay quienes han sufrido peores acusaciones, y las consecuentes condenas sociales, solo por tener, o haber tenido, alguna participación en política. De todas maneras, pareciera que este servicio no es exclusivo para políticos, sino que es abierto a cualquier otro interesado que conozca las palabras mágicas que le permitan acceder al mismo.

De igual modo, pareciera que, en el marco de esta prestación, también se podría incluir, a modo de combo, los servicios de allanamiento, con secuestro de celular, ejecutada por serviciales uniformados, filtración a la prensa incluida, y la dilapidación digital, de la mano de una horda "militante" presta a realizar escraches en las redes sociales.

En estos tiempos en que proliferan los kioscos entre las reparticiones públicas, a nadie le sorprende una pyme de estas características, tal vez no tan lucrativa como el armado de causas, o su cajoneo, pero igual de rentable. Lamentablemente, la Justicia sigue siendo una asignatura pendiente para los entrerrianos en general, y para los gualeyos en particular.

Norman Robson para Gualeguay21