En la última sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, celebrada ayer miércoles, la legisladora Paola Rubattino se sintió "tocada en una fibra muy personal" por el recuerdo de un par opositor por los barrios que dejaron inconclusos los consorcios de gestión como el que ella presidió, y por el cual éste periodista la denunció. Al tomar la palabra, la diputada no solo se victimizó por la persecución política de Macri, sino que se jactó desfachatadamente de no estar imputada o procesada por su delito, y arengó a llamar las cosas por su nombre.

Esta invitación me obliga a levantar el guante y responder llamando a las cosas por su nombre. Al serle concedida la palabra, luego de reconocerse como presidente del consorcio de gestión gracias al cual, con el entonces intendente Luis Erro, en 2013, sacaron 25 millones de pesos de la esfera municipal para ponerla a disposición de una entidad trucha y gastarla a discreción, Rubattino se quejó de haber sido injustamente denunciada, y perseguidos ella y su familia por el gobierno de Cambiemos.

Del mismo modo, reconoció que no pudieron terminar la obra, y que solo alcanzaron a construir el 85 porciento de las viviendas, algo que, de haber sido realizado desde la Municipalidad, como bien manda la ley, y con los debidos controles, no habría pasado. Igual, la legisladora se lamenta de haber "vivido en carne propia" lo miserable que es la política, y se presenta como una víctima por pensar distinto, cuando ella lideró ese consorcio, fue responsable de sus actos, y fue denunciada por ello.

Si debe reconocérsele a Rubattino, y al propio Bordet, que es cierto que ninguno de los funcionarios y directivos de los distintos consorcios de gestión fraguados en la provicia en aquellos años ha sido imputado o procesado, ya que todas las causas, de una u otra forma, fueron frustradas o distorcionadas por una Justicia servil y funcional al poder político, manteniendo así la impunidad de los funcionarios intervinientes.

Luego de conocer el caso e investigarlo a fondo, en 2016, presenté una gruesa carpeta, con todo lo averiguado, ante la Justicia, en la Fiscalía que estaba bajo la coordinación de su entonces esposo, el ahora Juez Dardo Tortul, quien, hábilmente, y abusando de su poder, distorsionó los hechos y culpó al director de la obra, quien nada tenía que ver con la extracción de los 25 millones de pesos de la esfera pública hacia el consorcio fantasma, ni disponía arbitrariamente el destino de los mismos, como así lo hacía Rubattino como presidente.

Cabe recordar que esta no fue la única "mano" que el entonces coordinador de fiscales le dio a su ex esposa, sino que, cuando se libraron allanamientos a los distintos funcionarios que, finalizada su gestión, se habían quedado con los celulares de alta gama propiedad de la Municipalidad, el funcionario impidió el de su casa, dónde vivía con su cónyuge, amparándose en sus fueros.

Ahora bien, Rubattino puede confiarse en la poca menoria de los gualeyos, puede jactarse de su impunidad, y puede distorsionar la historia victimizándose con alevosa hipocresía, pero nunca podrá borrar los hechos y los documentos que los demuestran, los cuales no dejan dudas sobre quienes fueron los responsables, y están detallados en un grueso expediente entregado a la Justicia y del cual una copia obra en mi poder.

También cabe señalar que la Justicia, en el marco de esta causa, pervertida y desvirtuada en beneficio de los culpables, próximamente, sin vergüenza alguna, pondrá en el banquillo de los acusados a un inocente, a alguien que, sin haber sido parte de la estafa, solo ofició de director técnico de la obra con los trabajadores que le mandaban desde Desarrollo Social municipal.

Por último, comparto lo que bien dijo la Diputada Rubattino antes de terminar su discurso de víctima política ante sus pares diputados, "al pan, pan, y, al vino, vino", y lo que agregó: "lo que es chicha, es chicha, y lo que es limonada, es limonada, compañeros".

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Norman Robson para Gualeguay21