En la última semana, los trabajadores del hospital San Antonio realizaron dos asambleas para abordar las distintas problemáticas que sufre el nosocomio a partir de la controvertida administración actual. Entre los distintos problemas expuestos, resultan indignantes las condiciones laborales de casi medio centenar de trabajadores no profesionales, los cuales no alcanzan a ser precarias, ni, mucho menos, informales, pero ya naturalizadas por la administración sanitaria. Una situación inconcebible para este siglo XXI de supuestos derechos protegidos.

Se trata de trabajadores, en su mayoría mujeres jefas de hogar, llamados "arancelados" por ser los aranceles el origen de los recursos con que se les paga de forma absolutamente informal, sin recibo, obra social, seguro, o cuota sindical. Ésta gente percibe por sus tareas en limpieza, comedor, administración, lavandería, u otras, un salario, absolutamente "en negro", de 38 mil pesos, mientras que el mínimo vital y móvil hoy es de 47 mil. Son más de 40 empleados informales que representan alrededor de un tercio de los trabajadores no profesionales del hospital San Antonio.

Cabe recordar que esta situación surge a partir de que el hospital San Antonio pasa a ser de autogestión, lo cual le confiere la facultad de facturarle aranceles a las obras sociales públicas y privadas, con lo cual debe afrontar los costos operativos. De ese modo, y con esos aranceles, la administración debe coparticiparlos en un 40 porciento a su administración, en un 20 porciento entre los profesionales, y en un 40 porciento entre los trabajadores no profesionales. Pero esto dejó de respetarse arbitrariamente, y, ahora, del total, la gestión se queda con todo menos la miseria que le pagan a los arancelados. 

A pesar de las condiciones laborales mencionadas, y de lo que atraviesan ellas cada jornada de trabajo, resulta llamativo que la gestión al frente del nosocomio, no solo sea indiferente a la situación, sino que siguen incorporando personal en ese régimen, el cual no solo es perverso, sino, también, ilegal.

Pero no se trata solo de la insuficiente remuneración que les depositan en una cuenta bancaria, sin mediar liquidación alguna, sino que, aparte de eso, cuando tienen un problema, de salud o de índole familiar, les descuentan los días. Tan es así que hay casos en que han sufrido accidentes y las han obligado a seguir cumpliendo su tarea, so pena de descuento o de perder el trabajo. Del mismo modo, se les ofrece cubrir suplencias del personal efectivo, las cuales les son abonadas en blanco, y, por esos pocos días de algo se dignidad, se pierden algunos de los subsidios que les permiten sobrevivir en esas condiciones de precariedad.

En definitiva, se trata de una neoesclavitud practicada impunemente por el gobierno provincial, que se aprovecha del universo de mujeres solas, con familias a cargo, y que necesitan desesperadamente trabajar, para darles trabajo por un salario indigno, y sin cubrirle los beneficios básicos y obligatorios, y sin respetar, claro está, sus tan famosos derechos.

Por último, vale recordar que son responsables de esta situación toda la cadena de salud, conformada por el director del Hospital San Antonio, Gonzalo Jáuregui, y su directora técnica, Paola Burgo, en Gualeguay, y, en la Provincia la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, su Secretaria de Salud, Carina Reh, y el propio Gobernador, Gustavo Bordet.

Norman Robson para Gualeguay21