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A partir de la aprobación del proyecto de fitosanitarios por parte del Senado se han elevado diferentes voces ambientalistas, todas coincidiendo en condenar al proyecto de ley por un sinnúmero de pecados.

De este modo, el discurso ambientalista provincial tilda a la norma en proceso de ser "un avance para seguir envenenándonos", mientras que consideran que "la protección de la salud es un mero enunciado marketinero", pues el "proyecto no tiene en cuenta para nada la salud".
En otras palabras, aseguran que la propuesta legislativa "es regresiva de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana", ya que, según ellos, "permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas".
En el mismo sentido, reclaman que "el tratamiento de dicho proyecto es ilegítimo, en tanto fue tratado sobre tablas, sin un análisis profundo del tema, y sin tener en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades", y que "el contenido es inconstitucional, porque viola los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado".
En el marco de sus discursos, los ambientalistas entrerrianos insisten en recordar, erróneamente, que "el glifosato fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como posible cancerígeno", a la vez que culpan a los legisladores de desconocer deliberadamente, tanto "la antología de centenares de trabajos científicos que demuestran los efectos negativos en la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos", como "la realidad sanitaria de la provincia y de los pueblos agrícolas en general, sobre la cual se ha demostrado la incidencia en la población de las enfermedades asociadas a las exposiciones a los agro-tóxicos".
Como si esto fuera poco, acusan al proyecto de "no reparar en la situación de las escuelas y pueblos fumigados, ni en sus denuncias, ni en el reciente fallo de la justicia", y de "olvidar el comprobado y grave deterioro ambiental que el modelo del agronegocio ha causado en nuestra Provincia", afirmando que "han contaminado los cursos de agua, han eliminado casi por completo los bosques nativos, han degradado los suelos y el aire".
Por último, los ambientalista provinciales sostienen "que otra agricultura es necesaria porque permite el desarrollo de los territorios, la apropiación de los actores sociales del agro, especialmente de los pequeños productores y campesinos, la promoción del trabajo digno, la construcción de economías locales vivas, la preservación del ambiente y la vida, así como la producción de alimentos sanos y saludables".
Por todo esto, los defensores bregan "por la no conversión en ley de este perverso proyecto", a la vez que solicitan ser convocados a un amplio debate sobre el tema para lograr "una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos".
Norman Robson para Gualeguay21