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Hoy todos hablan de Vicentín, pero olvidan que la historia argentina da fe de docenas de intervenciones de gobiernos, mayoritariamente dictaduras, en los negocios privados. Lo cierto es que siempre hubo buenas razones para hacerlo, así como la mayor parte de las veces traicionaron esas razones. Revisemos algo de todo esto.

Por ejemplo, desde su creación en 1971, el PAMI, la obra social de los jubilados argentinos, fue intervenida trece veces, mientras que en solo seis oportunidades estuvo a cargo de directorios constituidos de acuerdo con la ley. Cada intervención se justificó en la protección de los ahorros previsionales de nuestros abuelos, pero éstos nunca se vieron beneficiados.

La excepción a la regla puede haber sido la intervención y posterior reestatización de YPF de parte de Cristina Fernández en 2012, la misma que había apoyado su privatización cuando era diputada de Santa Cruz en 1992.

A cargo de aquella intervención fue nombrado el controvertido Julio Devido, y la medida se justificó, acertadamente, en que la gestión de Repsol nos había obligado a importar gas y petróleo. En aquel entonces, el patrimonio y la soberanía estaban en juego.

Más allá de estos ejemplos, después de las estatizaciones de Juan Perón en los 50, las intervenciones más sonadas, y escandalosas, fueron decretadas por gobiernos de facto, entre 1966 y 1981, las cuales traicionaron sus objetivos y dejaron un desastre económico al cabo de las mismas. Veamos tres de éstas.

Hacia mediados del siglo pasado, tres señores fundaron una empresa que merecería varios párrafos en la historia argentina. Estos empresarios fueron Jorge Salimei, Ángel Seitún y Fermín Trucco, quienes bautizaron la empresa con las primeras dos letras de sus apellidos: SASETRU.

Se trataba de un conglomerado de fábricas de alimentos que, para 1970, ya cotizaba en bolsa, era una de las empresas nacionales más grandes del país, y llegó a copar el 40 porciento del mercado alimenticio nacional con productos como aceite, harinas, fideos, conservas, dulces, panificados, vino y arroz. Sus vínculos con el gobierno de Frondizi y con la dictadura de Onganía habrían tenido mucho que ver con su crecimiento.

En total, SaSeTru llegó a tener 140 empresas, incluyendo, aparte de las alimenticias, una flota mercante y una banco, empleando a alrededor de 11 mil trabajadores. Tal fue la magnitud de la empresa que, en los setentas, tuvo su propia obra social y construyó para su personal 1.500 viviendas.

Si bien SaSeTru llegó a exportar más del 5 porciento del total de las exportaciones del país, el Rodrigazo, en 1975, lesionó gravemente sus finanzas. Entonces, José Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la dictadura, vinculado a las grandes multinacionales ávidas por la riqueza argentina, aprovechó la oportunidad.

Gracias a las importaciones liberadas y a una estrategia de ahogo implementada a través del Banco Nación y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para 1980, SaSeTru debía 500 millones de dólares. Tan vertiginosa fue la economía, y la debacle de la empresa, que las ventas de la estancia La Peregrina, en Ceibas, la planta de El Cronista Comercial, y el banco, no cambiaron nada.

Justificándose en esto, el gobierno de facto intervino SaSeTru, o lo que quedaba de ella, y, al año siguiente, la Justicia le dictó la quiebra. Para la llegada de la democracia, en 1983, de aquel emporio del que vivían once mil familias solo quedaron los esqueletos de las plantas abandonadas.

En definitiva, con la caída de SaSeTru, miles de trabajadores debieron reinventarse en otras actividades, mientras que la gran porción del mercado argentino que abastecía pasó a ser atendida por otras empresas. O sea, el negocio de aquella empresa pasó a las manos de otras, muchas multinacionales y unas pocas nacionales.

Algo similar pasó con el Grupo Greco, que en los setenta, con un emporio de medio centenar de bodegas y viñedos, un banco y un diario, producía un tercio del PBI de la región de Cuyo, el cual fue víctima, también, de las estrategias de Martínez de Hoz.

Este emporio, luego de ser intervenido en 1980, también terminó siendo desguazado, a la vez que miles y miles de trabajadores de las más de 40 bodegas propias, del centenar alquiladas, y del banco con sus 30 sucursales, quedaron en la calle sin nunca ver un peso.

Pero Martínez de Hoz no fue el único, sino que tuvo en quien inspirarse. Una década antes, en agosto de 1966, el Ministro de Economía de la dictadura de Carlos Onganía decretó la intervención de siete ingenios azucareros tucumanos, y, al finalizar la Revolución Argentina, quedaron en pie solo 16 de los 27 existentes al inicio.

Como resultado de este proceso, hacia 1970, 10 mil trabajadores perdieron su trabajo, a la vez que fueron expulsados de la provincia más de 10 mil pequeños productores cañeros y unos 250 mil tucumanos, un poco más del 20 porciento de la población de entonces. La provincia quedó sumida en la pobreza, pero el negocio del azúcar se redistribuyó en "mejores" manos.

Con estos ejemplos, los más sonados de varios, se puede apreciar como la Argentina, a lo largo de su historia, logró perder cientos de empresas y dilapidó fortunas invertidas en capacidad instalada para producir. Miles de bienes que antes producían y, de repente, terminaron abandonados en la improducticidad.

Como moraleja de estas historias, y de tantas otras, cada vez que el poder avanza sobre algún negocio, aludiendo la necesidad de proteger los intereses individuales, siempre hubo individuos atrás que sacaron provecho de eso. Nada demuestra hoy que esto pueda haber cambiado.

Una curiosidad: Jorge Salimei, uno de los fundadores de SaSeTru, intervenida en 1980 por la última dictadura, cuando ya la presidía su hijo, fue quien firmó la intervención de las azucareras en 1966, siendo Ministro de Economía de la dictadura de Onganía. 

Norman Robson para Gualeguay21