Un par de semanas atrás, se conoció públicamente un proyecto del oficialismo que busca remover a los profesionales agropecuarios de la conducción ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y reemplazarlos por funcionarios, lo cual significaría la clara politización de la entidad técnica, no solo de valor estratégico para el sector agropecuario, sino de una excelencia y confianza reconocida internacionalmente. Esta acción, sin lugar a dudas encuadrada dentro del enfrentamiento del gobierno con el campo, desató la reacción de distintas entidades del país.

Un proyecto de dos legisladoras oficialistas de Salta y Tierra del Fuego propuso cambiar la dirección de la entidad, en manos de 10 profesionales técnicos y referentes sectoriales, y ponerla en manos de solo 8 funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura, con participación de otros del Senasa y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sin incluir a representante alguno de las entidades específicas del sector, gremiales como CRA, Coninagro, Federación Agraria o Sociedad Rural Argentina, o técnicas como CREA, o universitarias como las facultades agrarias y veterinarias.

Lamentablemente, en nuestra historia inmediata, las instituciones cooptadas por funcionarios de la política de turno han demostrado no cumplir con el rol para el cual fueron creadas, razón por la cual, de aprobarse esta iniciativa, la incursión de la política en el seno del INTA daría por tierra no solo su valioso aporte a la producción nacional, sino, también, sus 65 años de trayectoria y el prestigio internacional alcanzado a lo largo del tiempo.

Pero lo más llamativo de esta medida sería la excusa planteada por las legisladoras Caparrós y Figueroa, quienes entienden que "el trabajo del INTA se orienta a evaluar el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, una dimensión indisoluble del desarrollo económico y social", y que en éste deben estar representados el gobierno y los intereses de los pueblos originarios.

Todo esto hace inevitable sospechar, con cierto grado de certeza, que se trataría de un burdo golpe político contra el campo pergeñado en el único afán de quedar bien con el poder central, ya que la injerencia del INTA en la política es nula, y en nada se beneficiaría al gobierno.

Una historia de prestigio técnico

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conocido como INTA, fue creado el 4 de diciembre de 1956 con el objeto de promover la tecnificación agropecuaria a partir del desarrollo de la investigación y la extensión rural, y hoy actúa bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación. De ese modo, durante los últimos 65 años, a través de Unidades de Extensión Rural, distribuídas en todo el territorio nacional, el INTA atiende las necesidades de los productores de los distintos sectores.

Entre las décadas de los 60, 70 y 80, la institución tuvo un rol preponderante en la generación y transferencia de tecnología, provocando que, antes de los noventas, se deba reorganizar descentralizándose en centros regionales y centros de investigación, los cuales llevan adelante importantes tareas de desarrollo con gobiernos y entidades economicas, sociales y educativas privadas y públicas, de todo el interior del país. En la actualidad, el INTA es clave en la vida de los sectores agropecuario y agroindustrial a partir de su aporte en investigación y desarrollo, a la vez que es reconocido en todo el mundo por su calidad científica.

Gualeguay21