El pasado fin de semana, un turista que llegó a Entre Ríos desde Buenos Aires, se sintió estafado por lo que le cobraron al echar combustible. Como cliente de Shell, eligió una de estas estaciones para cargar Diésel V-Power. A la hora de pagar, se sorprendió: le cobraron 170 pesos el litro, cuando en cualquier Shell de CABA la estaba pagando 140 pesos. Peor fue cuando vio que, a pocas cuadras, una YPF la ofrecia la Infinia Diésel al precio que él estaba acostumbrado. Lo que nunca supo ese turista es que la YPF ya no tenía. Esta situación de precios y disponibilidades solo ocurre en el interior del país. ¿Cuánto de mercado y cuánto de política hay en todo este asunto?

En diálogo con distintos actores de la cadena de combustibles en nuestra región, Gualeguay21 pudo conocer los distintos aspectos que llevan a esta situación. Lo primero, y más importante, es que la Argentina apenas importa un 15 porciento de naftas, mientras que de gasoil debe importar un 30 porciento, y, lo segundo, es que en CABA o en el AMBA se consume muy poco de este último combustible, y mucho en el interior del país, por la demanda de la producción y transporte. A partir de estos dos aspectos propios del mercado, donde juegan la oferta y la demanda, comienzan a surgir los problemas propios de la política y su afán por disimular la inflación.

Si bien siempre hubo una injustificable distorsión entre la metrópolis y el interior del país, esta vez toda esta situación se ve agravada por un escenario internacional afectado por la guerra rusoucraniana, y por un escenario doméstico afectado por la inflación. El aumento que sufrieron los precios internacionales, en nuestro caso, impacta principalmente en el gasoil, y, por ende, afectando seriamente el interior argentino, mientras todo esto, en conjunto, empuja la inflación hacia arriba.

Cabe destacar que todas las economías regionales, sean agropecuarias o frutihortícolas, y toda la red de distribución de productos terminados, insumos y consumos, precisan gasoil para su operación. Sin gasoil no hay siembra ni cosecha, no llegan fertilizantes al campo, ni llegan envases a la industria, ni llegan la sal o la gaseosa a la góndola. De allí la importancia de que las estaciones cuenten con ese combustible, en especial en tiempos de cosecha.

Ahora bien, frente a esta situación, el Gobierno, como los combustibles son los principales motores inflacionarios, le impuso a YPF precios retrasados para todos los combustibles, lo cual no genera grandes inconvenientes con las naftas, pero sí con el gasoil, ya que se obliga a subvencionar la proporción importada. Como no puede subvencionar todo, ya que el quebranto sería inevitable, incluso para el Estado, recurre a la cuotificación del suministro, lo cual deja a las estaciones, con frecuencia, sin producto.

Por el otro lado, las petroleras privadas, obligadas por el mercado caprichosamente manipulado por YPF, también aplican una cuotificación del gasoil a sus estaciones, pero con precios escalonados: hasta cierta cantidad, tal precio, desde allí hasta otra cantidad, más caro, y así sucesivamente. De este modo, las estaciones de AMBA, como venden poco, venden al primer precio, mientras que las del interior superan ampliamente los volúmenes cuotificados, y terminan con un mix de costo muy superior. La única ventaja que tienen las estaciones privadas es que siempre tienen.

Esta política impacta de dos formas en la realidad. Mientras le permite al gobierno gozar de una "sensación" económica ficticia en Buenos Aires, donde están instalados todos los "sensores" económicos, el Estado (todos) financia el consumo nacional de gasoil al límite del quebranto, a la vez que, en el interior, se condiciona, y se castiga, la producción, la industria y la distribución, y se encarece el turismo receptivo del destino. Los costos de esta política son realmente preocupantes, ya que debilitan tanto a las distintas actividades económicas, como al propio Estado, y la inflación lejos está de detenerse.

Gualeguay21