En 2018, la justicia argentina abrió la mega causa de los cuadernos a partir del detalle de los traslados de dinero de coimas registrado en cuadernos por un chófer al servicio del gobierno kirchnerista, y quedaron involucrados casi todas las contratistas del Estado, incluida la Empresa Pitón. Si bien todos los empresarios fueron procesados, no todos los casos son iguales.

Para abordar la implicación de la firma gualeya en la mega causa que investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, primero debemos repasar la cronología de los hechos que terminaron alcanzándola, y, luego, conocer los detalles salientes del expediente que establecen el verdadero compromiso de la Empresa Pitón, una empresa vial, del tipo familiar, que, hasta ese momento, gozaba de una impecable trayectoria y un considerable prestigio en la región.

A ese efecto, Gualeguay21 revisó las publicaciones periodísticas sobre el tema, en particular los cuadernos de Centeno, las confesiones de Wagner y los Excels de Clarens, a la vez que logró acceder a detalles del expediente por el cual los Pitón fueron procesados.

Los antecedentes

En 2014, Jorge Lanata, en su programa Periodismo Para Todos, comenzó a destapar la trama del enriquecimiento ilícito de los Kirchner a partir de la obra pública y, en 2016, quedando complicados Lázaro Báez, José López  Julio De Vido, y la propia ex presidenta, pero recién estalla el escándalo con nombres y apellidos a mediados del 2018, con los famosos cuadernos de Oscar Centeno, un ex remisero al servicio del Ministerio de De Vido que llevaba bolsos con plata de coimas de empresarios a los Kirchner.

En el marco de esta investigación, y luego de destaparse algunos hechos, se entregó Juan Carlos Wagner, un empresario que era presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien explicó cómo era el sistema de cartelización de la obra pública a partir del pago de coimas, las cuales él mismo pagó. Ni Centeno ni Wagner mencionaron a Piton en sus declaraciones.

Los Excels

Finalmente, otro involucrado, el empresario Ernesto Clarens, financista de los Kirchner, confesó que fue parte de una organización delictiva que se dedicó a la recaudación de pagos ilegales, y reconoció la participación en todo esto de la Cámara Argentina de Empresas Viales, La Camarita, de la cual recibía mensualmente un listado en el que constaban las obras licitadas en cada región, desnudando así la matriz de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

Al cabo de estas indagatorias, Clarens entregó a Bonadío un Excel con un detalle de obras públicas realizadas entre 2003 y 2011 por 86 empresas por más de 33 mil millones de pesos, y un ránking encabezado por empresas como Helport, con obras por 2.800 millones, Benito Roggio con 2.300 millones, y Cartellone con 2.100 millones. También están Rovella Carranza con 1.200 millones, Losi con 400 millones, y Pietroboni, al igual que Dos Arroyos, con 200 millones. En el puesto 60 de esta nómina aparece la Empresa Pitón con obras por 60 millones.

Procesamiento y embargo

A partir de todo esto, semanas atrás, el Juez Bonadío dictó el procesamiento, junto a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y Cristóbal López, de los más de 100 empresarios implicados en coimas por la obra pública realizada desde 2003 hasta 2015.

En el caso de la empresa de Gualeguay, procesó, sin prisión preventiva, a Daniel Pitón, nombrado por Clarens, y a José Luis Pitón, presidente de la sociedad anónima, por considerarlos miembros de una asociación ilícita y coautores en 13 hechos de cohecho activo, a la vez que les trabó embargo por mil cien millones de pesos.

Repercusiones

A partir de esta medida, la prensa no solo no explicó como quedaron involucrados y procesados los Pitón, sino que omitió señalar otros aspectos importantes que hacen a su participación en todo esto, los cuales diferencian sensiblemente a unas empresas de otras.

Muy por el contrario, las noticias pusieron en una misma bolsa al poder político artífice de ese modelo de corrupción, al cartel de empresas beneficiadas con miles de millones de pesos, y a empresas, como la de los Pitón, que solo ejecutaron las obras que no interesaban al cartel.

El expediente

Una mirada al expediente basta para comprobar que no obran pruebas del pago de coimas por parte de la empresa local, solo uno de los Pitón, Daniel, reconoció ante Bonadío en su declaración cuatro encuentros con Clarens, donde había sido conducido por gente de la DNV, en reclamo de certificados impagos y atrasados, en circunstancias apremiantes de la firma.

Del mismo modo, no obra en la causa el detalle de las obras por las cuales se los procesa, porque las trece a que se refiere la sentencia son los expedientes que relacionan a Piton con obras de la DNV durante el gobierno kichnerista, de las cuales  siete son pequeñas obras y seis son mayores pero realizadas formando parte de una Unión Transitoria de Empresas en las cuales la empresa local tenía un porcentaje minoritario y, por lo tanto, no administraba. Del igual manera, se puede verificar que algunas licitaciones son previas o posteriores al gobierno kirchnerista.

Por otro lado, más allá de lo poco licitado por Pitón en la era K, tampoco hay pruebas en el expediente de que la empresa Pitón, o sus titulares, formaran parte del Club de la Obra Pública, por el contrario pertenecía al grupo de empresas que solo recibían obras menores.

La obra pública en Entre Ríos

Toda esta cartelización de la obra pública nacional se replicó en los estados provinciales con gobiernos kirchneristas. En Entre Ríos, a partir de la confesión radial de Pietroboni, y de un dossier acercado por abogados paranaenses, la Justicia Federal supo de la réplica del modelo en la provincia, liderado por el propio exgobernador Sergio Urribarri.

Según la información obrante, el cartel de la provincia también era manejado desde la Cámara de la Construcción, estaba en manos de los empresarios Miguel Ángel Marizza, Jorge Mizawak, los Tortul y los Szczech, pero no de ninguno de los Pitón.

Como muestra de esto basta recordar que, en 2015, la firma Rovella Carranza, vinculada a De Vido, enripió los 75 kilómetros de la Ruta 19 que unen General Galarza y Laguna del Pescado, la cual es intransitable cuando llueve, mientras que, al mismo tiempo, Pitón realizó el reasfaltado de 170 kilómetros de la Ruta 11, entre Diamante y Gualeguay, con sectores de triple mano, garitas e iluminación en los accesos, por algo más de 250 millones.

Conclusión

La empresa Pitón es una pyme familiar, nacida en Gualeguay en los setentas, que cuenta con unos 500 empleados y obras en todo el país. Mantiene los mismos socios, 4 hermanos Pitón desde su fundación hasta hoy, que además son los miembros de su directorio. Hoy, la firma es señalada por estar asociada a la expresidenta, a sus ministros y secretarios, y a empresarios como Cristóbal López y Lázaro Báez, en una millonaria estafa al Estado.

Más allá de los detalles jurídicos que podrían invalidar la acusación, la medida, que solo apunta a revivir la corrupción del pasado gobierno en un año electoral, fue dictada sin contemplar la austera dimensión de la empresa, sin considerar que fueron obras chicas, sin márgenes para coimas o sobreprecios, y sin considerar el daño social que ocasionaba.

De ese modo, el procesamiento de los Pitón atentó injustamente contra su buen nombre, un apellido arraigado socialmente en esa comunidad con una destacada presencia en instituciones, un muy prestigioso concepto, y una baja conflictividad laboral, poniendo a una mediana empresa que creció a un ritmo constante, pero dentro de parámetros normales para el rubro, al mismo nivel de las que lo hicieron exponencialmente.

Norman Robson para Gualeguay21