El coordinador del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), Eduardo Asueta, respondió el pedido de informe de senadores sobre lo actuado ante la arbitraria reconstrucción del terraplén clandestino de La Calera, violando la Ley de Aguas y lo acordado en última instancia, pero no adelantó ninguna solución al respecto.

De acuerdo a lo publicado por APF Digital, con fecha de este viernes 28 de junio, el coordinador del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), Eduardo Asueta, brindó un pormenorizado informe en el cual reconoce el problema y adelanta que recién definirán alguna sanción en la próxima reunión plenaria.

Pero no dice nada que todo el terraplén es ilegal, y construido clandestinamente, ya que no cuenta con la debida autorización del propio Corufa, autoridad de aplicación según la Ley 9172, conocida como Ley de Aguas, ni describe el impacto social y económico que tiene la obra en los vecinos y productores de la zona.

Indiferente a ésto, el funcionario aseguró que las partes y la Coordinación a su cargo están "instando trabajosamente a un acuerdo de utilidad para todos los interesados y que a la vez se resguarde el interés público”, pero todavía no se ha reunido con los vecinos, ni ha dictado medida alguna contra el flagrante atropello de la familia Pou.

Si bien Azueta recuerda que se logró en 2017 que los descendientes de la familia Pou se allanaran a la apertura del cauce del arroyo Viraguay, lo cual se sumó a la apertura del Calerita, sobre el Paraná, ordenada y ejecutada en el año 2014, y reconoce estar al tanto de las acciones por parte de La Calera, no dice nada que el terraplén lleva más de dos décadas de construido sin siquiera haber nunca gestionado permiso alguno.

En otro orden, el funcionario afirma que, durante los últimos 18 meses, se estuvo gestionando la solución del conflicto entre La Conchera y La Calera, colindantes, lo cual es solo una mínima parte de un problema que afecta a otros vecinos, entre habitantes y productores.

Del mismo modo, Azueta recuerda que se había llegado a un acuerdo de palabra entre los Berisso y los Pou, definido en todos sus términos y pronto para su firma definitiva mediante escritura pública, que incluye una cesión de tierras, un embarcadero, la transitabilidad del terraplén y la navegabilidad del arroyo Viraguay, pero que, por decisión de la familia Berisso, firma está sujeta al acuerdo de todos los vecinos afectados.

Cabe recordar que los senadores Francisco Morchio (Cambienos-Gualeguay), Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú) y Daniel Olano (FpV-Islas del Ibicuy), presentaron un pedido de informes para saber qué hizo el Corufa ante la reconstrucción del terraplén que afectó y afecta a establecimientos y vecinos aledaños a La Calera.

Por último, vale destacar que Azueta reconoce que "en los departamentos del sur entrerriano no se han autorizado obras hídricas sobre los ríos Gualeguay y sus arroyos tributarios”, al tiempo que deslindó en la Secretaría de Medioambiente el control del impacto hidráulico y de resguardo de los recursos naturales entrerrianos.

De este modo, la respuesta del Corufa cierta en cuanto a la realidad del problema, pero sigue sin tomar medidas que obliguen a los Pou y a La Calera a dar marcha atrás con su terraplén, única manera de que los vecinos no sufran las consecuencias del mismo.

Gualeguay21