Desde siempre, en la geografia entrerriana las crecientes han sido un problema, razón por la cual algunos establecimientos recurrieron a la alteración de sus tierras para evitar la inundacion, pero agravando la situación de sus vecinos. Después de décadas de injusticia, el Superior Tribunal sentó un precedente que abre un horizonte de justicia para todos los afectados.

Tal es el conocido caso del terraplén de La Calera sobre el río Gualeguay, de 50 kilómetros de largo, que, desde hace más de 20 años, afecta a todos sus vecinos ante la indiferencia de la Justicia Provincial. Contra este avasallamiento de la poderosa familia Pou vienen luchando, sin resultados, productores e instituciones de esta ciudad.

Vista la licencia de la Justicia para estas obras, otras se realizaron en distintos lugares de la provincia, con mayor o menor trascendencia mediática, hasta que, en Pueblo General Belgrano, ciudad vecina a Gualeguaychú, capital del ambientalismo, un barrio náutico de 110 hectáreas sobre el río hizo lo mismo.

Pero esta vez, sea gracias a una idiosincrasia más aguerrida, o a que los dueños del Amarras no tienen el poder de los Pou, lograron torcerle el brazo a la Justicia entrerriana, no sin la ayuda de la Corte Suprema de Justicia en julio pasado.

De este modo, la Justicia provincial, a través de un tribunal conformado por los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, ordenó la demolición y desmantelamiento del barrio náutico Amarras por su impacto negativo sobre el medio ambiente hasta dejar la zona en su estado anterior.

Vale recordar que, en junio de este año, las obras de elevación de la tierra realizadas para defender al barrio de las crecientes habían provocado que, con la crecida del río, debieran evacuar más de 150 personas que antes no se evacuaban y que las aguas alcanzaran lugares como el Parque Unzué, la Costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios aledaños.

Esto provocó que la Municipalidad de Gualeguaychú tomara cartas en el asunto y recurrió a la Justicia, demostrando que Amarras era el único lugar que no se inundaba, mientras que el agua ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas.

A pesar de estos argumentos irrefutables, la Justicia entrerriana falló inicialmente en favor del Amarras, hasta que la Suprema Corte impuso que primara la justicia y, ahora, los jueces entrerrianos reconocieron la existencia de una alteración negativa del medio ambiente y ordenó su recomposición, volviendo las cosas a su estado anterior en un plazo de 180 días.

Con este precedente, todos los dambificados que hasta ahora no han logrado justicia tienen una importante herramienta para su lucha, en especial los vecinos de La Calera, que llevan décadas reclamando por el impacto de ese terraplén.

Gualeguay21