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Un grupo de abogados de Gualeguay busca la forma de denunciar al Ministerio Público Fiscal local por incumplimiento de deberes de funcionario público y otras violaciones del Código Penal, habida cuenta de los abusos de una de sus cuatro fiscalías, los cuales afectan gravemente los procesos locales impidiendo se haga justicia.

Si bien desde el Colegio de Abogados, filial Gualeguay, negaron el asunto, profesionales del foro local confiaron a Gualeguay21 su intención de ir contra la propia Justicia, ya que las gestiones del Colegio ante las autoridades judiciales provinciales no han prosperado, y el costo que paga la sociedad por estos abusos "es demasiado caro".

Según lo explicado por los abogados, la gota que revalsó el vaso es la licencia de 11 meses a una controvertida fiscal auxiliar interina, la cual en seis años ya acumula tres licencias sin que nunca medie una junta médica, a la vez que a ello se suma la elección a dedo de un reemplazo por parte del coordinador, quien no es de Gualeguay y apenas viene a su UFI una o dos veces por semana.

Pero más allá de sus licencias por alguna enfermedad prolongada, los profesionales señalan que las causas que caen en su turno no solo no han prosperado en absoluto, sino que se dilatan irresponsablemente, al punto de que algunas han corrido el riesgo de vencer dejando impunes a los culpables. Ejemplo de esto son los expedientes del robo a la Escribanía Lacorazza, del accidente de los De Benedictis en General Galarza, y otros.

También sería prueba de esto que, aunque la Cámara del Crimen de Gualeguay evitó brindarle a este medio información al respecto, en una suerte de encubrimiento, la mencionada fiscalía no habría elevado a juicio causa alguna en los últimos años.

Por otro lado, los abogados advirtieron que esto no tiene nada que ver con la política, ni con los casos de corrupción aletargados en los Tribunales locales, de los cuales solo uno pasó por los cajones de esa fiscalía, sino con causas de crímenes comunes que no terminan haciendo justicia y podrían dejar los supuestos sospechosos en libertad.

De igual modo, la idea de los abogados es devolverle a la Fiscalía local el dinamismo que merece una ciudad de 50 mil habitantes como Gualeguay, con un coordinador "full time", como antes, no compartido con Victoria y Nogoyá, y cuatro fiscalías a la altura de las circunstancias.

Con este ánimo, los profesionales buscan encuadrar los abusos y la desidia del Ministerio Público Fiscal local entre los delitos contra la administración pública, en el capítulo sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos del Código Penal Argentino.

En este capítulo, el artículo 249 establece que será reprimido con multa e inhabilitación el "funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio", mientras que en el artículo 248 establece que será reprimido con prisión e inhabilitación "el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Tal vez a partir de la seriedad que reviste una denuncia de miembros del foro local, el Superior Tribunal, y la propia Procuraduría, se animen a tomar cartas en el asunto y hacer lo que tengan que hacer para que la sociedad gualeya tenga una merecida justicia.

Norman Robson para Gualeguay21