Así se desprende de las declaraciones del Intendente Bogdan al cabo de una reunión convocada por el Juez de Familia local, junto con autoridades del Copnaf y el Hogar, para intentar mediar entre las partes para que la residencia no cierre y continúe su importante tarea social en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En la mañana de ayer jueves se llevó a cabo una nueva reunión entre autoridades del Hogar de Niñas Gregoria Pérez de Denis y del Copnaf, convocadas por el Juez de Familia local, Dr. Pablo Guercovich, para mediar entre las partes para que primen, por sobre todos los intereses, aquellos de la adolescencia vulnerada en sus derechos.
En este marco, el Juez de Familia intervino para intentar que se comprenda, en toda su dimensión, la problemática de la adolescencia en la provincia, con especial foco en el rol del Estado, en este caso a través del Copnaf, y el de la sociedad civil, a través de las instituciones intermedias al frente de las residencias, de acuerdo al marco de derecho originado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Según se pudo saber, con este abordaje el Juez logró acercar algunas de las partes y alinearlas detrás del interés superior de las adolescentes en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a las exigencias de las leyes vigentes en tal sentido, y según las pretenciones del Copnaf, legítima autoridad técnica en el tema.
Lamentablemente, de acuerdo a lo trascendido, otros integrantes de la comisión directiva de la institución, y el propio Intendente Bogdan, no habrían querido entender los argumentos presentados, se aferraron a sus conocidos relatos, e intervinieron trabando todos los intentos de avance de quienes están interesados en rescatar el Hogar.
Respecto de éstas actitudes, allegados al tema confiaron que no existiría interés alguno en continuar con la entidad por parte de ninguno de estos actores, sino que unos estarían interesados en sepultar el pasado de la entidad, mientras que el Intendente pretendería recuperar el edificio para la Municipalidad, mudar allí la Sepacc, y ahorrarse varios miles de pesos mensuales del alquiler de la casona de 25 de Mayo y Maipú.
De este modo, lamentablemente, el esfuerzo de las autoridades en la protección de derechos de la adolescencia y de la familia, como lo son el titular del Copnaf y el del Juzgado de Familia local, no fueron suficientes para contrarrestar el capricho en cerrar la institución por parte del Intendente Bogdan y algunos miembros de la entidad.
Igualmente, no está todo dicho, ya que existe un compromiso concreto de parte del Copnaf y del Juzgado de Familia para encontrarle una salida, razón por la cual, antes de agosto, habrá nuevas instancias para que Gualeguay tenga un efector de derechos para jovencitas adolescentes, en manos de esta institución, o de otra.
Norman Robson para Gualeguay21