La cooptación de la Justicia por parte de la política, su performance de irregularidades, y su controvertida actualidad son el origen de la desconfianza y del miedo en quienes tienen la mala suerte de experimentarla en carne propia, o en quienes la conocen de cerca. Se trata de la injusticia y la impunidad de los culpables, y de la impotencia y la indefensión de los inocentes.

A pesar de ser un departamento rico e importante, y de contar con una relevante infraestructura para todos los fueros, la calidad de la justicia en Gualeguay es, por lo menos, cuestionable. Esta afirmación no es caprichosa, ni antojadiza, sino que resulta de analizar su estructura, conformada por cuadros vinculados a la política, y de revisar su pasado y su presente, pleno de curiosas ausencias e ineficiencias.

En Gualeguay, a lo largo de su historia inmediata, la política se ocupó, específicamente, de fundar juzgados y poblarlos con militantes y amigos, creando una mayoría no tan capacitada, ni tan comprometida con la justicia, como se espera de un Poder que debería ser independiente. Muy por el contrario, todo parece apuntar más a blindar la corrupción y la delincuencia funcional, tal cual ocurre en la Provincia y en el país.

Cabe resaltar que no es casualidad que la Política haya bendecido a la Justicia con un nivel de sueldos y bienestar laboral extraordinarios, por arriba, incluso, de la misma clase política, ni lo es que, por una ley del 2011, conocida como Ley de Enganche, se equiparen los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales. Es a partir de esta situación económica que la corporación judicial es servil y funcional a la política.

Como si todo esto fuera poco, facilitó toda ésta perversión la implementación, en 2013, del Nuevo Código Procesal Penal, por el cual los procesos son llevados adelante exclusivamente por la Fiscalía, y los jueces resuelven solo según lo que ésta les informa. De este modo, a partir de ésta modificación, el destino de los procesados quedó en las manos de los fiscales que arman la causa, y no en las de quienes, en definitiva, dictan las sentencias.

En la provincia, prueba de este modelo de injusticia son, por ejemplo, las abundantes causas en contra del exgobernador Sergio Urribarri y de los exintendentes Luis Erro y Daniel Rossi, o la cantidad de desaparecidos, con la familia Gil a la cabeza, o papelones internacionales como el caso Fornerón, que desnudó nuestra inexcrupulosa corrupción judicial ante el mundo.

Por lo tanto, así como dicen que de muestra basta un botón, Gualeguay es un ejemplo con sobrados argumentos que demuestran todo lo expuesto. Basta retroceder una década y algo en la historia local para comprender de qué estoy hablando. Más de una docena de casos, los más trascendentes entre muchos más, desnudan la situación descripta y las razones del descreimiento y del miedo.

1. Caso Ascar

En julio del 2013, dos años después de fallecido Héctor Alfredo Ascar, y seis años después de que éste realizara, en su legítimo derecho, un fideicomiso con todas sus propiedades, quienes lo conformaban, y dos escribanos totalmente ajenos al fideicomiso, fueron denunciados, procesados y condenados por estafa contra María Andrea Martínez, quien  mas tarde resultó ser hija de Ascar.

Luego de un controvertido proceso, pleno de alevosas irregularidades, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, en noviembre de 2015, condenó por estafa a todos menos a la viuda de Ascar, ni a la escribana actuante, sentencia esta que fue confirmada en marzo de 2017, pero, en 2019, después de 6 años, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con un extenso detalle de razones jurídicas, invalidó los fallos y determinó la inocencia de todos por inexistencia de estafa, de autor, y de heredero alguno.

2. Caso Benvenuto

En octubre de 2017, el empresario Omar Benvenuto desapareció sin dejar rastro alguno, dejando su camioneta, prolijamente estacionada, sobre la ruta 12. Si bien se realizó un gran despliegue de búsqueda, las desprolijidades de la Justicia nunca llevaron a nada, y, alegando que estaba secuestrado, fue derivado a la Justicia Federal, donde descansa desde entonces.

3. Caso Medidor

En abril de 2009, Luis Erro, como Intendente, y uno de sus secretarios, fueron denunciados por gestionar un servicio de energía eléctrica, a cuenta de la Municipalidad, para un local particular de la familia de Erro, donde se celebró un acto político. En 2013, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Erro y su Secretario por el delito de peculado, y, en 2016, esa sentencia fue confirmada, pero, como impedía que éste participara en las elecciones 2019, luego de una reunión entre el presidente del Superior Tribunal y el Gobernador, el primero dijo: "Hay delitos que no son tan delito", y absolvieron a ambos de culpa y cargo del delito de peculado.

Contra esta última sentencia, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, la Dra. Cecilia Goyeneche, presentó un recurso extraordinario con el fin de que el fallo fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero, nuevamente, a través de una resolución, la Sala Penal del STJ le denegó el recurso, señalando que no cumple con los requisitos básicos para llegar a esa instancia.

4. Caso Tressa

En abril de 2014, el panadero y financista Jorge Trezza, de 70 años, fue encontrado muerto ejecutado en el camino de acceso a González Calderón, a unos 20 kilómetros de Gualeguay y, al rato, encontraron su camioneta incinerada intencionalmente en la zona de chacras. La autopsia determinó que había sido ejecutado pero nada más se supo, y, a seis años del crimen, éste sigue impune.

5. Caso Veronessi

En febrero de 2016, como resultado del sonado caso de divorcio de los Veronesi, la Justicia de Gualeguay abrió una causa por administración fraudulenta contra la empresa Frigorífico Equino Entre Ríos S.A., gerenciada por Javier Veronessi, entendiendo que los recursos de la empresa estaban siendo destinados a otros dos frigoríficos en Buenos Aires. Como consecuencia de todo esto, más de un centenar de trabajadores quedaron sin trabajo.

6. Caso 80 viviendas

En agosto de 2013, la Municipalidad de Gualeguay firmó con la Nación y la Provincia un convenio para la construcción de 80 viviendas por 25 millones de pesos, pero, para llevarlas a cabo, crearon irregularmente un ente fantasma, presidido por Paola Rubattino e integrado por otros funcionarios de la gestión, le encomendaron la obra, y le transfirieron el dinero, pero nunca lo terminaron.

La causa fue denunciada ante la Justicia por Gualeguay21 en 2016, quedando el proceso bajo la responsabilidad de Dardo Tortul, esposo de Rubattino, quien no se excusó. En el proceso se distorsionaron los hechos inculpando al responsable de la obra, y no a quienes extrajeron los 25 millones de la esfera municipal. Tortul fue nombrado Juez y la causa quedó cajoneada.

7. Caso De Benedictis

En febrero de 2018, en la ruta 12, a la altura de General Galarza, un hombre de 64 años, que volvía de su campito a bordo de su utilitario, fue violentamente impactado por otro utilitario causándole la muerte instantáneamente. Conducían este último vehículo los hermanos De Benedictis, que volvían de correr en Paraná una fecha del Top Race. Según se desprende del estado en que quedaron los vehículos, la Toro venía a gran velocidad, y sus dispositivos de seguridad, sin lugar a dudas, salvaron la vida de los jóvenes pilotos, veinteañeros ambos.

A partir de aquel momento, la familia González comenzó a vivir un verdadero y doloroso vía crucis que ya lleva más de dos años y medio, durante los cuales ha sido obligada a asistir a más de media docena de audiencias.

8. Caso Micaela

En abril de 2017, a la salida de un boliche, en horas de la madrugada, la joven Micaela García fue interceptada, secuestrada, violada y asesinada, quedando su cuerpo abandonado al costado de un camino rural, donde fue encontrado a los siete días. Durante esa semana, el caso fue esclarecido y todos los sospechosos detenidos.

En septiembre de ese mismo año, el autor fue condenado por el hecho, mientras que su jefe fue condenado por encubridor, y no por coautor, pero, en junio de 2019, el Superior Tribunal confirmó la sentencia del primero y ordenó un nuevo juicio para el segundo, lo cual fue invalidado estos días. Con estas contradicciones, la participación de Pavón no se aclara y, con más de tres años preso puede acceder a salidas condicionales.

9. Caso Lacorazza

En diciembre de 2018, un grupo de hombres ingresa de noche en la escribanía Lacorazza y roba dinero y documentos sobre los cuales nunca hubo precisiones. Un par de semanas después, la Justicia y la Policía brindaron una conferencia de prensa para anunciar que el caso estaba resuelto y los delincuentes identificados, y, casi 5 meses después del hecho, se detuvo al último prófugo, pero, conforme pasó el tiempo, por la inacción de la Justicia, los cinco detenidos recuperaron su libertad y aún están libres.

10. Caso de la Espuma

En febrero de 2013, el se denunció ante la Justicia local la contratación directa a una ama de casa para la provisión de espuma en los carnavales de ese año. A partir de un llamado a licitación en octubre de 2012, a través de decretos refrendados por sus secretarios, anuló la licitación legítimamente ganada por un empresario local y contrató de forma directa a la señora de un allegado que prestaba seguridad para aquellos corsos.

A pesar de las pruebas, la causa recorrió los cajones de distintos tribunales de la provincia, hasta que, finalmente, siete años después, llegó a juicio en marzo de 2020. Pero, sorpresivamente, uno de los acusados mostró un problema de salud durante el juicio y todo se suspendió. Aunque se podía desdoblar la causa y continuar, todo quedó suspendido.

11. Caso Juan Cruz

En agosto de 2014, la mamá de Juan Cruz, retomó el reclamo por su filiación ante el flamante Juzgado de Familia de Gualeguay. Su primer reclamo data del 2000. Desde entonces, todas sus gestiones por lograr que el padre biológico del niño, hijo de un reconocido abogado, reconociera su responsabilidad parental se vieron frustradas por un sinnúmero de cuestiones. En 2016, al negarce reiteradamente el supuesto padre a la prueba de ADN, la Justicia le reconoció la filiación a Juan Cruz, pero, a pesar de esto, y gracias a un sinfín de tecnicismos, el joven de 22 años sigue sin su identidad.

12. Caso del Tesorero

En diciembre de 2009, Luis Erro, como Intendente de la ciudad, y Raulo Morán, su secretario, en el marco de los carnavales a celebrarse en enero y febrero de 2010, cobraron, en nombre de la Municipalidad, cheques y efectivo por un total de 75.010 pesos, dispusieron arbitrariamente de ese dinero, sin ingresarlos a la Tesorería, y recién lo devolvieron cuando el Tesorero hizo la denuncia ante la Justicia. Desde entonces, la causa va y viene, con alevosa impunidad, por los distintos pasillos judiciales.

13. Caso Kablan

En agosto de 2018, a la salida de un boliche, un joven profesional levanta a tres jóvenes para llevarlas a sus respectivas casas, pero, con la última, se desvía, pasa por su casa a buscar la llave de una chacra, luego se dirigen a la misma, y allí tienen sexo. Consumado esto, la joven lo denuncia por rapto y violación, y, en octubre de 2019, fue condenado a 9 años de prisión.

Lo preocupante de este ejemplo, más allá de la culpabilidad o inocencia del acusado, es que la Justicia se basó, para condenarlo, solo en el relato de la joven y en la pericias sicológicas que se realizaron, mientras desestimó totalmente cualquier versión del profesional. "Si lo denuncia es porque le pasó tal cual", afirmaron.

14. Caso Olivia

En septiembre de 2018, Olivia, de apenas tres años de edad, falleció en en su hogar del barrio 17 de Octubre luego enfermarse e ir al Hospital San Antonio, de donde la mandaron de regreso a su casa, donde pareció mejorar. En la madrugada comenzó con convulsiones y volvieron rápidamente al nosocomio, pero nada se pudo hacer. Esto tuvo lugar al mismo tiempo que se conocía que, en ese mismo barrio, había un brote de gastroenteritis por el agua corriente contaminada.

Al realizarse la denuncia en la Justicia, por supuesta mala praxis en el Hospital, se ordenó la exhumación del cuerpo para su autopsia en Gualeguaychú. Desde entonces poco se supo de ese caso, hasta que nuevos abogados realizaron presentaciones para conocer el resultado de la autopsia y otras investigaciones, pero sin respuestas.

Ésta docena y pico de causas solo es una síntesis del universo de injusticia que alcanza a todos los fueros de Gualeguay, un ejemplo del grado de impunidad imperante como resultado de la indolencia o, en su defecto, de corrupción reinante.

Realidad actual

Como si todo esto no fuera suficiente para no confiar en la Justicia local, la Fiscalía de Gualeguay hoy es manejada a control remoto por un funcionario, ex candidato a intendente de Diamante por el bustismo, que, sin pandemia, venía un par de días a la semana, y, en pandemia, hace cuatro meses que no viene.

De este modo, el funcionario responsable de los procesos penales locales no solo está ausente de la principal de sus jurisdicciones, sino que, a la distancia, concentra su tiempo en perseguir políticos de un sector interno del Justicialismo y a periodistas incómodos, a la vez que busca salir por los medios provinciales cuantas veces pueda, demostrando que profesa un mayor compromiso con la cartelera política que con la justicia. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes están en libertad.

A todo ésto se suman la bochornosa funcionalidad para con la impunidad de algunos tribunales de alzada en otras ciudades, y una Cámara del Crimen indiferente a sus errores y ocupada en su comodidad particular, con lo que basta y sobra para comprender la desconfianza y los temores que infunde nuestra Justicia.

En síntesis, el miedo a la Justicia local resulta de conocer de dónde viene, cómo se conforma y cómo procede, de lo cual se percibe que persigue intereses más particulares que comunes, y que está más comprometida con la política que con la justicia. Un repaso por su pasado inmediato y un vistazo a su presente así lo presentan.

Norman Robson para Gualeguay21