Quienes palpitan la ciudad en sus cuatro puntos cardinales han detectado, desde hace un mes y pico atrás, una renovada presencia de droga en todas sus variantes, tanto en los ahora permitidos encuentros, como en las esquinas o baldíos de los barrios. Si bien la ley contra el narcomenudeo facilitó la lucha contra el comercio, la ausencia efectiva del Estado en el territorio libera el consumo y éste potencia la inseguridad.

En marzo de este año, la cuatentena sacó a los jóvencitos y jovencitas de las escuelas, pero también los sacó de las calles, ya que la presencia policial en los espacios públicos  haciendo cumplir el DNU Presidencial, los confinó a sus hogares. De ese modo, se vaciaron los puntos de encuentro y el tráfico de estupefacientes mermó sustancialmente.

Pero, como decían los abuelos, todo lo bueno dura poco. La cuarentena terminó, la Policía liberó las calles, y todas las actividades fueron rápidamente volviendo a la normalidad, menos las escuelas. De ese modo, los jovencitos y jovencitas volvieron a las esquinas y baldíos, y las jodas fueron oficialmente permitidas, incluso con más de cien gurises, todos desaforados después de meses de incomprensible cautiverio.

A partir de esta situación liberada, de distintas formas comenzó a manifestarse la presencia de la droga en el mercado local, tanto en voces familiares quejándose, como en comentarios en las redes sociales, así como también surge de sonados hechos de violencia que tomaron estado público.

De acuerdo a una rápida revisión de la situación en los distintos barrios de la periferia, y a conversaciones mantenidas con referentes barriales, se pudo confirmar que el consumo de drogas se ha incrementado a partir de una masa importante de gurises que volvieron desbocados a los distintos tipos de encuentros grupales, tanto en las calles, en grupos de una o dos docenas, como en las reuniones masivas, con más de un centenar de jovencitos y jovencitas.

Dicho de otra forma, las costumbres pre pandemia, durante el año escolar, obligaban, mal que mal, a contener a los gurises en sus hogares acostándose la mayoría temprano, mientras que, a partir de la pandemia, el horario se extendió, en el hogar, hasta la madrugada, y, ahora, mantienen ese ritmo horario pero fuera de sus casas, librados al descontrol.

Por su parte, la Policía, a partir de la ley de narcomenudeo, ha incrementado su lucha contra el comercio minorista de drogas con buenos resultados, pero no ha asumido un compromiso similar en la lucha contra el consumo, ni lo ha hecho el Estado en ninguna de sus formas. Claro está que, al mantenerse la demanda, la oferta, aunque menguada por el accionar policial, vuelve a reproducirse rápidamente para atenderla.

Por ejemplo, las estadísticas oficiales, muestran que desde mayo de 2018 a octubre de 2020, se realizaron casi 80 procedimientos, se detuvieron una cantidad similar de personas, y se incautaron más de 10 kilos de marihuana y casi 300 gramos de cocaína, a la vez que se secuestraron más de cien celulares, docena y media de motos, media docena de armas de fuego, y más de medio millón de pesos. En total, se sacaron del circuito, entre droga y efectivo, casi 3 millones de pesos.

Esto significó horas y horas de trabajo policial, pero resulta insignificante a la hora de compararlo con el consumo. Por ejemplo, solo en drogadicción infantil, tenemos un mínimo de 10 gurises menores de 18 años consumiendo marihuana en cada uno de los 50 barrios, lo que arroja, a un mínimo de un porro de un gramo por gurí por día, un piso de 15 kilos mensuales. Un 50 porciento más de lo secuestrado en dos años y medio.

Ese consumo infantil de marihuana, a 200 pesos por porro, significa un movimiento económico mensual de unos 3 millones de pesos, casi lo mismo que lo secuestrado por la fuerza policial en casi dos años y medio.

De este modo, queda a la vista que el consumo de droga volvió a la ciudad con renovada energía, y que el esfuerzo invertido en la lucha contra el tráfico minorista se desperdicia al no ser acompañado con una lucha similar contra el consumo. A partir de esta realidad, resulta imperativo una mayor presencia de la Policía neutralizando el consumo con una política intensiva de operativos de saturación, y de las áreas sociales con soluciones reales a las víctimas del consumo. 

Mientras el Estado no ataque el consumo, y lo reduzca, el tráfico, sea minorista o mayorista, seguirá creciendo.

Norman Robson para Gualeguay21