En estos tiempos modernos en que a partir de derechos la política busca mejorar la calidad de vida de la gente, el transporte público se ha vuelto un verdadero desafío para los gobiernos, ya que es aquello que permite a los vecinos acceder a todas las oportunidades que puede ofrecerles una ciudad. Un transporte público accesible, abarcativo y frecuente hace eficiente la economía individual y general, a la vez que amplía la accesibilidad de la gente a otros derechos, y pone en valor todo el territorio comunal. Por su parte, la ausencia de este tipo de servicio público impone la exclusión social.

La dinámica de las sociedades hace que éstas vayan evolucionando con idas y venidas, con virtudes y miserias. En este nuevo milenio, los derechos del individuo comenzaron a ser reconocidos por las sociedades y sus estados, pero de lo dicho al hecho, como decían nuestros abuelos, siempre hubo un largo trecho. Es que enunciar derechos es fácil, pero hacerlos efectivos no lo es tanto, y demanda de los estados recursos y voluntad política.

En el caso del servicio de transporte público en una ciudad, éste es tan importante como lo son los servicios públicos de agua potable, cloacas, electricidad, gas natural, iluminación, seguridad, etcétera. Son estos servicios los que determinan la presencia del Estado garantizando derechos en todo su territorio.

El ser una ciudad tan extensa, con una superficie superior a los 100 kilómetros cuadrados, con apenas 45 mil habitantes, significa para Gualeguay beneficios e inconvenientes. Por un lado, se ve favorecida con una densidad de población que no le impide el crecimiento, pero demanda una presencia del Estado que éste no puede cumplir. De allí que en la historia inmediata de esta ciudad, la mayoría de los gobiernos hayan gobernado para el centro, política que solo comenzó a cambiar en los últimos años.

Hoy en día, gran parte de la población de Gualeguay se encuentra a distancias importantes de sus trabajos, de las instituciones educativas, de los centros de salud, y de los centros de recreación. Por ejemplo, un trabajador que vive en el barrio Minuan debe cruzar la ciudad para ir a trabajar a Soychú, un gurí que vive al norte de la ciudad por la ruta 12 y estudia en el centro debe recorrer kilómetros en bicicleta, una madre que vive cerca del Aeroclub tiene que viajar kilómetros para llevar su hijo a un centro de salud, y cualquier familia que viva en el centro y quiera ir a pasear a Puerto Ruíz, o viceversa, debe afrontar un viaje de 8 kilómetros.

De este modo, la ausencia de un servicio público inclusivo provoca no solo riesgos de accidentes, saturaciones en el tránsito, excesos de polusión, y un consumo de combustibles innecesario, sino que es un claro signo de exclusión social. De cualquier forma, ésto significa una ecuación social y económica negativa para la ciudad. Por ejemplo, una porción importante del dinero de los gualeyos se va de la ciudad innecesariamente, en un combustible que, de haber servicio público, se evitaría, a la vez que el presentismo en las escuelas crecería.

Por lo tanto, todo esto hace que sea deber del Estado promover, a partir de estrategias y políticas públicas, un sistema de transporte público que, en conjunto con un eficiente servicio de autos de alquiler (taxis y remises) y una red de bicisendas seguras, garantice el acceso de su población al empleo, a la educación, a la salud y al esparcimiento, a partir de un ordenamiento del traslado seguro y cómodo de sus vecinos por medios de transporte accesibles. 

Esta necesidad de una política de Estado en este sentido se justifica al contemplar los costos económicos y sociales que le significa no tener un sistema eficiente de traslado de sus vecinos, tanto en dinero ahorrable como en accidentes evitables, y los beneficios de tenerlo, tanto en seguridad vial y aprovechamiento del dinero, como en el acortamiento de las distancias, el cual contribuye, de modo directo, a lograr una ciudad más integrada y con mejores estándares de calidad de vida.

 Norman Robson para Gualeguay21