A través de una nota fechada en Gualeguay el pasado 8 de Enero y dirigida a la ciudadanía de Gualeguay, el personal arancelado del Hospital San Antonio reclamó un aumento de sueldo justo, cargos que les permitan tener un trabajo digno y en blanco, y una cobertura de riesgos sin excusas, puesto que hace muchos años que trabajan en negro, sin titularizar, y hoy, más que nunca, lo siguen haciendo, aunque cansados, desgastados, y asumiendo los riesgos que eso implica, sin tener respuestas a sus reclamos.

En tiempos de pandemia, la salud pública es el campo de batalla donde médicos y enfermeras son los héroes aplaudidos por la sociedad, pero, detrás de éstos, hay trabajadores anónimos, tan héroes como los primeros, pero que, no solo no son tenidos en cuenta, sino que, además, son ignorados en sus derechos más básicos. En el hospital San Antonio, en plena crisis sanitaria, más de cuarenta personas, llamadas "las aranceladas", trabajan bajo un vergonzoso régimen de informalidad y marginalidad.

Se trata de un servicio de salud más, aunque considerado "de segunda categoría", en el que se cumplen tareas de limpieza, lavado y cocina, con los mismos riesgos que cualquier otro servicio, y casi, también, tan importante como los otros, ya que cualquier paciente, así como demanda una atención profesional, también demanda higiene y buena alimentación.

Los trabajadores de este servicio informal y marginal del Hospital San Antonio, en su gran mayoría mujeres, perciben un "sueldo" informal de 10 mil pesos mensuales por treinta horas semanales, salario al cual pueden sumarle, si no se quejan o reclaman, un plus de 5 mil pesos por presentismo.

Pero lo grave no es solo el vergonzoso nivel del sueldo, ni siquiera el atraso con que lo cobran, nunca en término, sino el régimen en que deben desarrollar sus tareas, y la falta de reconocimiento por parte de la administración. Tal es la gravedad de esto último que hay casos con antigüedad de hasta 8 años que no han podido titular, cuando otros, con parientes o amigos en la administración, si lo han logrado con mucho menos años.

Esta situación no es nueva, sino que ya viene de años, incluso con manifestaciones que llegaron a los medios y motivaron soluciones. Tal el caso de la última, en 2019, que motivó una serie de medidas por parte del anterior director. Pero todo lo logrado entonces se fue perdiendo con la gestión actual, en la que, incluso, se manifestó la intención de tercerizar esos servicios.

Por estos tiempos en que la labor hospitalaria se encuentra exigida en todos sus frentes, las aranceladas, aunque sin reconocimiento alguno, ni económico ni operativo, deben suplir las ausencias con esfuerzo y tiempo personal, debiendo cubrir, en algunas oportunidades, entre pocos, más de una sala del hospital, colmadas éstas de pacientes.

Otro de los problemas que sufren es la cobertura de riesgos laborales, la cual no es confiable. Por ejemplo, algunos trabajadores se han contagiado enfermedades, o han tenido accidentes de trabajo, y han debido afrontar los tratamientos de forma particular, sin consideraciones de la administración o la ART.

Definitivamente, los arancelados están solos en su lucha. A la vista está que su situación no le interesa a los gremios, ni, mucho menos, a la Multisectorial de Mujeres, ni a la APDH Gualeguay. Los derechos vulnerados de éstas personas no "garpan" mediáticamente. Encima, si reclaman, pierden los 5 mil pesos del bono, o sufren alguna otra represalia, razón por la cual deben levantar la voz desde el anonimato.

Más allá de esta situación particular, trabajar en el hospital San Antonio hoy es, sin dudas, estresante. No solo por el riesgo de contagio, sino, también, por la información incierta y por las muchas injusticias. Tal es la desinformación que muchos trabajadores no aceptaron la vacuna, ya que nunca se les hicieron estudios, ni nadie se molestó en explicarles cuál es la verdad sobre la misma, al igual que, al estar adentro, viven en detalle la verdad y la mentira sobre las cantidades de muertos y de contagiados.

Por otro lado, muchos son testigos de injusticias impunes, como aquel acoso laboral sufrido por una arancelada que aún hoy sigue impune, o como la innecesaria tercerización de la cocina en manos de un sindicalista de la salud, quien provee más de 20 viandas diarias para los médicos y los abuelos del geriátrico.

En tiempos de pandemia, la salud pública es un campo de batalla donde deben primar el orden y la justicia, y, para ésto, debe haber una dirección comprometida con la situación, no una cuya cabeza deja el cargo para cubrir una guardia a 200 kilómetros. Tal vez olviden que la salud pública es un compromiso, y no un negocio.

Norman Robson para Gualeguay21