La semana pasada, junto a colegas de la región, mantuvimos una conferencia virtual con las autoridades provinciales de salud para abordar cuestiones comunicacionales en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus, encuentro que desnudó los vicios y virtudes del Estado provincial en el manejo de la información.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) resolvió ampliar desde mañana la actividad judicial, en su casi totalidad, respetando  las normas de seguridad, establecidas por la declaración de la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno nacional.

Por estos días, en Entre Ríos, el servicio de justicia, ese que debería atender nuestro derecho a la misma, se encuentra suspendido, no por la pandemia, sino por los propios vicios y miserias de la corporación judicial y sus internas. De todos modos, siguen gastando, y, por supuesto, siguen cobrando.

Desde el Ministerio de Salud se destacó el trabajo sanitario realizado en Entre Ríos en el contexto de la pandemia, lo que permitió ir habilitando nuevas actividades, y se pidió a la población extremar las medidas para continuar en ese sentido.

A último momento, hoy domingo, el gobernador Gustavo Bordet adhirió a la decisión del gobierno nacional de suspender las clases hasta el 31 de marzo para disminuir la posibilidad de contagio del Coronavirus. Se trabaja en un plan de contingencia para sostener los comedores escolares.

En tiempos en que, a pesar de la cibernetización de quehaceres y rutinas, la información sigue siendo un tema tabú para muchas instituciones, y el derecho de su comunidad a la misma sigue siendo el cuco que las desvela, hay ejemplos que merecen ser destacados por su compromiso con la información y su valentía al compartirla.

En Entre Ríos, la tierra de los desaparecidos, cuando se están por cumplir tres años del caso Micaela, mucho se habla de concientización en género, pero nada se hace para evitar nuevas desapariciones. La protocolización por ley de la búsqueda de personas duerme en la legislatura provincial.

 

Desde el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina, COSSPRA, afirman que las obras sociales provinciales nucleadas en esa entidad de segundo grado financian el 60 por ciento de la salud de las provincias.

Si bien desde tiempos de su fundación, la ciudad de Gualeguaychú demostró un claro compromiso con su desarrollo, en las últimas décadas se convirtió en un ejemplo de pujanza a partir de no muchos argumentos. Entre éstos, su carnaval ha tenido un papel protagónico que aún hoy se puede comprobar.

El Servicio de Salud Mental del Hospital Centenario Gualeguaychú elaboró una guía práctica con los conceptos centrales sobre cómo abordar correctamente esta problemática creciente en la actualidad.

A partir de hoy martes 4 de febrero, y durante diez días hábiles, se encontrará abierta la primera convocatoria del año 2020 del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER), a los fines de recibir solicitudes de inscripción.

Estos días se conoció la imagen de una mujer desaparecida hace 30 años, cuando era una jovencita, en un barrio de Gualeguaychú, Entre Ríos. Esto surge gracias a que un Juez se desafió a reconstruir el caso, ya archivado y quemado el expediente.

Como una medida que "aporta culturalmente a la equidad entre los géneros y a la fijación de valores en sociedad basada en el respeto por la diversidad y la multiculturalidad", se canceló un concurso de belleza en la Provincia de Entre Ríos. Una medida que no suma a una pacífica convivencia.

 

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) invirtió, en prestaciones de salud para afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD), más de un millón  de pesos de enero a noviembre de este año,  informó el Gerente de Administración de la institución, Arnoldo Schmidt.

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, y el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Rios, Fernando Cañete, se reunieron para analizar aspectos relacionados a la obra social, y acordaron que el Directorio Obrero derogue la Resolución referida al Maestro Orientador Integrador. El Iosper seguirá brindando el servicio, pero estableciendo mecanismos de recupero en 2020.

La semana pasada, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, cansada por las desatinadas declaraciones públicas del presidente del Superior Tribunal de Justicia, elevó una nota a esa entidad exponiendo su malestar y fundando el mismo en el desprecio que los dichos significan sobre la labor de los jueces en la provincia.

En el día de ayer, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos publicó en su página de internet los haberes de sus funcionarios. Si bien el informe hacía alardes de transparencia, no resultó ser otra cosa que un engaño, ya que los valores no son los que figuran en las liquidaciones, y faltan códigos.

Por disposición de la Justicia provincial, una jovencita de 15 años que posee dotes intelectuales extraordinarias no debe cursar el secundario de la educación argentina ya que ya lo hizo, a distancia, en Estados Unidos, a la vez que le exigieron CGE estar preparado para estos casos.

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