Un fallo del Juzgado de Familia 1 de Concordia hizo lugar a una acción de amparo contra el Gobierno de Entre Ríos y condenó, erróneamente, al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, a pagar el tratamiento farmacológico por diabetes, linfomas cancerígenos y otras dolencias a una persona no afiliada.

Con ese fallo erróneo, un ciudadano se presentó de manera informal en la prestadora de salud pretendiendo la cobertura, y aduciendo que la medida judicial hacia lugar a la acción de amparo, que en el texto citaba -inexactamente- al organismo, que ni si quiera fue parte del juicio.

Cabe recordar que el Iosper es una obra social provincial creada para dar cobertura en salud a los trabajadores estatales; se financia con aportes que emergen de los haberes de los trabajadores y del sector patronal, y su administración está delegada en el Directorio Obrero, compuesto por elección de sus afiliados a través de sus representantes. Es una parte del Estado pero no es el Estado provincial.

Este fallo judicial ignoró este concepto, y condenó a Iosper, es decir a los trabajadores del Estado, a cubrir un tratamiento médico complejo a un ciudadano de Concordia, e incurrió en el grave error de equiparar al Superior Gobierno de la Provincia con la obra social, como si ambos fueran indistintos.

Frente a esta situación, en el Iosper entendieron que lo actuado da cuenta de la superficialidad con que algunos jueces tratan estos temas, y esa falta de rigor coloca a la obra social en una esfera que está más allá de sus obligaciones legales.

Del mismo modo, vale señalar que la entidad tomó conocimiento, no por vía judicial, ya que nunca estuvo demandado, sino cuando la persona se presentó a la obra social intentando recibir la prestación, momento en que se corroboró su no afiliación.

Por otro lado, desde el Instituto destacan este error judicial tan severo porque, en realidad, revela una tendencia, y deja en evidencia el comportamiento desaprensivo de terceros con investidura hacia el patrimonio de los trabajadores estatales de Entre Ríos, lo cual les resulta rayano al abuso.

"Es un caso más en la andanada de causas judiciales (algunas exorbitantes) contra Iosper que –por desmesuradas- ponen a nuestra obra social en peligro, afectando el interés legítimo del común de los afiliados", sostienen.

Por último, cabe señalar que la dirección de la entidad lamenta la judicialización de la salud que se da en la provincia, la cual se genera por los amparos que recibe la obra social, cada vez con mayor asiduidad, obligándola a realizar coberturas de distinta naturaleza.

Gualeguay21