Por orden del Poder Judicial provincial, serán tres jueces los que determinen la elevación a juicio de las causas que comprometen al ex gobernador Sergio Urribarri para su unificación en un juicio oral y público a celebrarse este año.

Cabe recordar que estas causas son aquella de la instalación del parador playero en Mar del Plata, que costó 14,5 millones de pesos, aquella de la difusión de cuatro spots televisivos durante la Cumbre de 2014, que costó 28 millones, y aquella de la solicitada contra los Fondos Buitre, que costó 4 millones.

En septiembre del año pasado, la Fiscalía unificó los tres expedientes y, en diciembre pasado, pidió la elevación a juicio con un pedido de condena para el exgobernador de 9 años de cárcel, inhabilitación absoluta perpetúa para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

De este modo, en cada caso hay un magistrado a cargo de la elevación a juicio solicitada por el Ministerio Público Fiscal, ya que la Oficina de Gestión de Audiencias resolvió que las tres causas fueran desagregadas en la instancia previa al juicio, esto es, en la audiencia de elevación a debate oral y público.

En esa resolución, la OGA explicó que los tres casos serán discutidos en audiencias por separados por el grado de complejidad del trámite y siguiendo instrucciones de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y, una vez superada esa instancia, los casos serán juzgados en un único juicio.

Por último, cabe señalar que acompañan al ex gobernador en estas causas Pedro Báez, ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y ex secretario del bloque de senadores del PJ, para quienes pidieron 8 años de prisión.

También son parte de esta megacauda Hugo Félix Céspedes y Gustavo Javier Tortul, ex miembros de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, Hugo Marsó, ex ministro de Turismo, Gerardo Caruso, ex director de Contenidos de Fútbol para Todos, y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, de las empresas Tep y Next, de Aguilera, para quienes se piden penas de entre 4 y 6 años.

Gualeguay21