Por estos días, en Entre Ríos, el servicio de justicia, ese que debería atender nuestro derecho a la misma, se encuentra suspendido, no por la pandemia, sino por los propios vicios y miserias de la corporación judicial y sus internas. De todos modos, siguen gastando, y, por supuesto, siguen cobrando.

¿Qué significa un servicio de justicia suspendido? Que no se resuelve la situación de un despedido injustamente, o la de la cuota alimentaria de unos menores, o la de un accidentado que debe operarse, solo por nombrar algunos ejemplos.

En otras palabras, hay afectados que se ven impedidos de superar su sufrimiento porque la corporación de jueces y funcionarios prima sus intereses particulares por sobre sus obligaciones comunes: brindar el servicio de justicia y garantizar el acceso de todos a la misma en los tiempos y formas que cada situación los demanda.

Sin lugar a dudas, la responsable de todo esto es la corpo judicial, ese club selecto de seres superiores (jueces) con sede social en el Olimpo (tribunales). Seres de millonarios ingresos libres de impuestos, agremiados en una suerte de cártel, como los de la droga, pero de justicia.

Éstos Señores conforman el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, y, desde sus tronos, manejan la justicia y la injusticia, según el caso, de toda la provincia. Señores que nadie votó, sino que fueron elegidos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Concejo de la Magistratura para toda la vida. Como si esto fuera poco, sus sueldos los paga el propio Ejecutivo.

En un país con altos índices de corrupción, ésto podría explicar porqué hay tan pocos políticos presos. Pero esto no es nuevo, sino que ha sido así desde hace mucho mucho tiempo gracias a la comodista, facilista, permisiva y conveniente actitud de los abogados. Claro, su éxito terrenal dependió siempre, y sigue dependiendo, de la bendición divina de algún juez. Si se quejaban, o iban contra la corpo, verían evaporada cualquier posibilidad de éxito.

¿Qué pasó ahora?

Pasó que llegó la pandemia y los semidioses, a diferencia de los demás servidores públicos que apenas ganan la décima parte de lo que ganan ellos, se atrincheraron en sus tribunales y se resisten a trabajar, pero no a cobrar. De ese modo generan una situación de emergencia y apremio a quienes demandan el servicio de justicia, y a los abogados que los representan.

Hagamos memoria. Iniciada la pandemia, y con los primeros casos en Gualeguay, el 15 de marzo, la justicia provincial se declaró en cuarentena y suspendió su servicio, y así estuvo hasta el 8 de abril, en que, por una acordada, el Superior dispuso que el 13 reiniciaran las actividades, pero a puertas cerradas, hasta el 20, en que volverían a la normalidad.

Pero llegó el 20 y, a última hora, por gestiones, o presiones, de la Asociación de Magistrados, se dispuso posponer el reinicio hasta el 27, con la excusa de que no contaban con implementos de seguridad sanitaria, lo cual era falso.

Llegado el 27, una nueva acordada del Superior dispuso un reinicio parcial, con apertura a los abogados, pero solo para algún tipo de gestiones o tareas, hasta ésta semana, pero sin dar ningún tipo de razones. Estos días, el Superior nuevamente extendió los plazos hasta el 27 de mayo, y sin dar explicaciones de algún tipo.

¿Cómo afecta esto al servicio de justicia?

Sencillo. Hace dos meses que, aunque algunos jueces trabajen resolviendo causas en la instancia en que estaban, las mismas no pudieron pasar a la siguiente, privando a los afectados del merecido servicio de justicia. De igual modo, como tampoco se pueden iniciar causas, hay otros tantos afectados en igualdad de condiciones.

Entre estos afectados están los ejemplos dados más arriba: el trabajador que espera lo que le deben, la madre y los gurises que esperan la manutención, el accidentado que espera la aprobación del seguro para operarse, y, con todos ellos, los abogados que viven de sus honorarios.

Es por todo esto que, ahora, se sublevaron los abogados contra la corpo. Porque mientras los jueces siguen llevando una vida de privilegios en su Olimpo, indiferentes a los sufrimientos de los mortales, ellos tienen que enfrentar, impotentes, la realidad del sistema, la de sus representados, y un escenario de crisis económica sin precedentes.

¿Qué motivaría las postergaciones?

Hay varias hipótesis, pero, de todas, una es la más fuerte: que el tan aplaudido sistema "Plan Justicia 2020" no funciona. Según fuentes consultadas, esa herramienta, impulsada desde la Nación por el entonces Ministro Garavano, y adoptada durante las gestiones de Claudia Mizawak y Emilio Castrillón, "se cuelga".

En otras palabras, esa hipótesis se funda en los problemas que tiene hoy la millonaria plataforma digital. Problemas que el Superior insiste en negar, y que, aunque apenas se han implementado algunos trámites digitales, ya hacen imposible el trabajo a distancia de los abogados y funcionarios.

Pero, según las versiones, el hecho de que este Plan no funcione no sería suficiente motivo para negarlo, lo cual lleva a muchos abogados y funcionarios a sospechar que reconocerlo implicaría para el Superior tener que ventilar verdades algo inconvenientes.

Norman Robson para Gualeguay21