En distintos lugares de la provincia de Entre Ríos se siguen escuchando lamentos respecto de la realidad actual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tanto por el cierre de carreras como por la situación laboral de su personal. Esta casa de altos estudios, financiada íntegramente por el Estado, a pesar de contar con un importante presupuesto, sobre el cual no rinde cuentas, en lo que lleva de vida no ha consolidado su estatuto, y éste se sigue prestando a arbitrariedades y abusos que no benefician a la educación pública y sí a la ambición política. De ese modo se pervierte la misión de la UADER de poner una educación universitaria de calidad al alcance de todos los entrerrianos.

La UADER fue creada 22 años atrás, en el 2000, y, desde entonces, su estatuto sigue siendo provisorio, pues ninguna autoridad quiso alguna vez definir el definitivo. Según coincidieron en señalar distintas fuentes de ciudades anfitrionas de alguna de sus facultades, a partir de esta desprolijidad, las decisiones de la dirección no estuvieron nunca acotadas a la misión educativa de la entidad, sino que quedaron al libre albedrío de las autoridades puestas por el gobierno, siempre más interesadas en la política que en lo educativo. Así lo demuestran dos hechos: el cierre de carreras desde este año y la contratación informal de sus recursos humanos desde siempre.

Por ejemplo, remarcan quienes sufren esta realidad de la UADER, frente a una supuesta baja de matrícula después de la pandemia, en lugar de sostener las propuestas mientras se replanteaban estrategias de seducción, se dispuso rápidamente el cierre de carreras, tal como ocurrió en Villaguay con la carrera de Turismo, en Chajarí con la de Marketing, y en Santa Elena con la de Planeamiento Industrial, entre tantas otras. En estos casos, la casa de estudios justificó los cierres aludiendo a los costos de mantener los docentes para tan pocos alumnos.

Cabe ser señalado que estos cierres de carreras no se ven reflejados en la planta de personal, ni, mucho menos, en el inobjetable presupuesto, el cual, por el carácter autónomo de la entidad, no puede ser controlado, ni siquiera por las legislaturas provinciales. Ni siquiera el Copnaf o la Ater pueden darse ese lujo.

Por otro lado, sus docentes y no docentes siguen en la informalidad de las contrataciones temporales, por fuera de concurso, lo cual facilita una manipulación arbitraria de parte de las autoridades, quienes determinan los contratos laborales según la simpatía del caso, sea personal o sea por la filiación política de los contratados, tal cual lo hacen otras reparticiones del Estado de la provincia.

De este modo, abundan entre el personal de esa casa de altos estudios los contratos temporales de trabajo, en especial, entre quienes ingresaron después de la resolución 1516 de 2012, cuando fue la última formalización del personal. Esta situación se vio agravada últimamente con nuevas resoluciones, las cuales, insólitamente, redujeron los tiempos de contrato de un año a seis meses.

Esta situación, por un lado, al afectar la estabilidad laboral, vulnera los derechos de los trabajadores, mientras que, por el otro lado, al afectar la actividad docente, atenta contra la calidad educativa. Todo esto ocurre ante la necia indiferencia de los gremios, que parecen estar más interesados en sus vínculos con la política patronal que en la situación de sus trabajadores afiliados, mientras que las autoridades de Educación miran para otro lado argumentando que la Universidad es autónoma.

Lo curioso es que la misma UADER dice que fue creada como "respuesta a los desafíos que interpelan la vida social, económica, política y cultural de la comunidad entrerriana", y que se trata de "un espacio institucional con sustento democrático para implementar nuevas políticas educativas", pero su respuesta es, por lejos, insuficiente, y la nuevas políticas educativas siguen siendo una asignatura pendiente.

Norman Robson para Gualeguay21