Más allá de los mitos urbanos alentados por el ambientalismo, la actividad turística cinegética, también conocida como turismo de caza, es un negocio formal con un impacto económico y otro ambiental bien definidos y no tan difíciles de comprobar. Se trata de una actividad sensible que, por tratarse de la explotación de un recurso natural, es arbitrada por el Estado a través de cuotas y licencias, a la vez que significa una actividad económica que vuelca millones de pesos en la provincia. Una descripción del negocio y un detalle de sus números.

Cada año, de mayo a agosto, la provincia de Entre Ríos, como otras, es anfitriona de cientos de extranjeros que vienen a cazar patos. Principalmente procedentes de Estados Unidos, estos turistas vienen por unos días, son recogidos en Ezeiza, y se los trae para alojarlos en establecimientos rurales adaptados para ello. Allí, cada visitante come, duerme, y, cada madrugada, es llevado de excursión de caza. 

Una vez terminada la estadía, el turista es regresado a Ezeiza, o a otro destino turístico, ya que es cada vez más común que la propuesta cinegética sea parte de un paquete junto a otras alternativas turísticas de nuestro país. El perfil tradicional del turista cazador ha cambiado con el tiempo, y ya no se trata de visitas individuales exclusivas, sino que es cada vez más familiar, y la cacería es parte del programa.

De este modo, para que cada cazador pueda recibir este servicio, hay un chofer y un vehículo para que lo traslade, hay un establecimiento con cocineros, mucamas, mozas y toda una infraestructura para que lo atiendan, y hay guías y un lugar acondicionado donde encuentra las presas que pretende cazar. Se trata de toda una organización de gente y recursos a su servicio.

De este modo, el turismo cinegético significa para la comunidad anfitriona una actividad económica que involucra un importante número de personas y una nada despreciable cantidad de dinero. Millones de pesos que ingresan a las ciudades en términos de recursos humanos, alimentos, combustibles, artículos de limpieza, licencias, tasas e impuestos, entre otros. Unas doscientas personas que cada temporada trabajan en la atención de estas visitas.

Más allá de todo esto, en general, los distintos agentes receptivos adoptan un rol social responsable en la zona donde operan, tanto destinando todo el producto de la caza a instituciones y familias, como asistiendo a éstas en distintas necesidades. De este modo, la mayoría de estos emprendimientos han desarrollado un vínculo estrecho con las comunidades donde se desenvuelven.

Ahora bien, como se trata de la explotación del pato silvestre, un recurso animal sensible y susceptible a cualquier tipo de depredación, esta actividad está estrictamente regulada por el Estado provincial. Éste, representado por su Dirección de Recursos Naturales, habilita la práctica de la caza en determinados lugares durante un determinado período, establece cantidades máximas por especie y por cazador, y le pone valor a los permisos, mientras que delega el control de todo esto en la división de Abigeato de la Policía de Entre Ríos.

Cabe destacar que cada año se determinan las especies, y las cantidades máximas de cada una, según los lineamientos del Ente Coordinador Interjurisdiccional de la Fauna, la entidad nacional especializada en el tema. Esta agencia gubernamental, año a año, establece en todo el país las pautas a seguir por cada especie a partir de los monitoreos que realiza sobre su población y comportamiento. 

En este segmento turístico, en la provincia de Entre Ríos, operan, formalmente, una docena de agentes receptivos de turismo cinegético que reciben unos 400 cazadores durante los tres meses de temporada. De acuerdo a lo evaluado por el ECIF, si cada uno de los cazadores utiliza toda su cuota de caza, se trataría de una mortandad insignificante para las poblaciones de estas especies, y para nada se trataría de una depredación que pusiera en riesgo la supervivencia de las mismas.

Por último, son de resaltar el éxito y el desarrollo exponencial que ha tenido en la provincia esta oferta turística, enriqueciendo el amplio espectro del destino entrerriano. Tal es así que, aujque en parte afectados por la pandemia, las propuestas de la provincia están comprometidas, en algunos casos, por los próximos dos años.

En resumen, se trata de una actividad económica que, por significar la explotación de un recurso económico mesurable, debe realizarse bajo el estricto control del Estado, el cual debe ser activamente monitoreado por la sociedad civil, a fin de asegurarse de que cumplen efectivamente con sus deberes de control y, así, garantizar un impacto ambiental sustentable. 

Norman Robson para Gualeguay21