Un colectivo de especialistas y organizaciones dio seis argumentos de por qué sería erróneo bajar la edad de imputabilidad de jóvenes que cometan delitos penales, e insistió en la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil basado en los derechos humanos.

La Red Argentina No Baja rechazó el proyecto de Cambiemos, apuntó que el Gobierno insiste en una medida ineficaz para solucionar la inseguridad, y recordó que el objetivo de bajar la edad de imputabilidad, lejos de contar con consenso, fue rechazado por los especialistas convocados por el propio ministro Germán Garavano en las rondas de consulta de 2017.

Al mismo tiempo, señalaron que la propuesta también desconoce las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas al Estado Argentino en junio del 2018, los análisis de Unicef Argentina y hasta de la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia.

Los argumentos

1. La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años.

2. Empeora la situación en vez de resolverla, ya que los delitos cometidos por los más jóvenes son contra la propiedad y no contra las personas.

3. Utiliza a los adolescentes como chivo expiatorio de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que, en realidad, son los primeros en sufrir.

4. Confunde sobre el fondo de la cuestión mezclando las necesidades de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en el tema, y de un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los adolescentes.

5. Es insconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho, y porque afecta los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.

6. Atenta contra las garantías constitucionales y convencionales de derechos humanos de los adolescentes menores, pues en caso de delito deben aplicarse políticas de promoción y protección de derechos.

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