12 julio, 2024 3:45 pm
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Acá no hay prostíbulos

Así parece ser que aseguró alguien y al tiempito nomás le cerraron cinco de los mas de diez quilombos que tenía funcionando en su ciudad. Igualmente, enseguida todo volvió a la normalidad y siguieron funcionando como si nada.

Claro está que a los tan reconocidos quilombos, nombre vulgar de unos de los espacios más comunes a toda la sociedad, donde se dan cita ejemplares sin distinción de estrato social, se los disimula bajo descripciones comunes aunque estén contemplados dentro de la ley comunal vigente.

 

 

 

Fiesta de disfraces

En nuestra ciudad, la ordenanza N° 2429/05, sancionada el 14 de abril de 2005 para regular la habilitación y funcionamiento de lugares destinados al esparcimiento público, está reglamentada por el decreto N° 397/05 del 20 de mayo de ese mismo año, alcanza a todas las actividades destinadas al esparcimiento público que se efectúen a título gratuito u oneroso en locales permanentes o provisorios con concurrencia de público.

Amparadas en esta norma, las tan afamadas casas de cita de antaño hoy se habilitan como whiskerías, un simple comercio de despacho de bebidas cuya única diferencia con los bares y confitería es que todos sabemos que es un quilombo.

Tal es así, que su funcionamiento es absolutamente abierto y para nada disimulado, y sus regentes son reconocidos personajes de la fauna local integrados formalmente, al punto de ser aceptados como referentes de causas ambientales.

En esto, definitivamente, no hay secretos.

La hipocresía a la orden del día

El problema surge cuando a alguna vedette moralista o a algún corrupto despechado se le ocurre hacer aplicar las siempre cuestionables leyes vigentes.

Ese es el momento en que todos, hipócritamente, se desgarran las vestiduras en defensa de la moral, la familia y las buenas costumbres y, una vez pasada la tormenta, vuelven a ser parte del ambiente habitué.

Pero esta situación quedaría erradicada a partir del nuevo marco legal de esta actividad, un marco donde se pretende condenar la trata de personas y la explotación sexual, el proxenetismo en sí, pero no el ejercicio individual de la prostitución.

De lo dicho al hecho…

Así es que el pasado 21 de diciembre, el gobernador Sergio Urribarri promulgó la ley 10.186 por la cual se prohíbe en todo el territorio de la provincia la instalación de establecimientos donde se explote sexualmente o se realicen ejercicios de la prostitución de terceros.

Según dicha ley, queda prohibido en toda la provincia la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros.

Impecable, al igual que muchas leyes en este sentido, pero el problema siempre surge a la aplicación, especialmente cuando se ataca un nicho de corrupción enquistado en el mismo poder.

… hay un largo trecho

Si bien el trecho es largo, coherentes con esta medida, y de inmediato, ya que la misma establece en su artículo 10º expresamente la necesidad de adhesión de los municipios, Villaguay cristalizó su adhesión en la sesión extraordinaria de su Honorable Concejo Deliberante el pasado lunes 16 de enero, y la siguieron Concepción del Uruguay, el 24 de enero, y La Paz, el 28 de enero.

Del mismo modo, ciudades como Paraná. Gualeguaychú y Concordia ya han avanzado en tal sentido de forma de estar adheridas en lo inmediato.

Gracias al acompañamiento de toda la provincia, según lo expresado por el director de Investigaciones de la Policía, Luis Albarracín, a la agencia de noticias APF en el día de ayer, ya se han clausurado 48 prostíbulos en toda la provincia, al tiempo que sostuvo que se rescataron entre 40 y 45 víctimas de la trata.

Esto no es poca cosa, pero tampoco es mucho si los locales clausurados ya reabrieron sus puertas y retomaron su actividad normalmente.

¿Qué pasa acá?

Nuestra ciudad tiene un importante parque de whiskerías, o similares, quilombos al fin, que están habilitados y contribuyen al fisco como algún tipo de local de despacho de bebidas.

Regularmente, las fuerzas de seguridad, sea Gendarmería o Policía, proceden a realizar allanamientos, operativos y otras yerbas que siempre desembocan en la clausura temporaria del local.

Pero como estos gozan de la habilitación municipal que les permite continuar despachando tragos, en el peor de los casos, solo permanecen cerrados un par de días hasta que todo vuelve a la normalidad.

La realidad local sobre este problema demuestra la existencia de un total desinterés por parte del gobierno que impide articular la acción conjunta entre este y las fuerzas de seguridad para la correcta y debida aplicación de la ley.

Lo mismo que en todos los demás aspectos del caos urbano que vivimos.

Mientras tanto, los legítimos representantes del pueblo, distraídos en su obsecuencia, se ocupan en cuestiones nominales como querer cambiarle el nombre a una calle o, como ahora, pretender cambiarle el nombre al mismísimo Honorable Concejo Deliberante, caro ícono de la democracia comunal.

Mientras tanto, en nuestra ciudad, la ley sigue postergada, vapuleada, y avasallada por los cuatro jinetes del apocalipsis.

Norman Robson para Gualeguay21

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