Alentó esto, también, la declaración de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando visitó la ciudad de Paraná y explicó el tema bajo la nueva administración nacional.
Un poco de historia
En el tema del narcomenudeo, ya en el año 2007, se aprobó la ley 9.783, por la que se adhirió a la ley nacional 26.052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional de entonces.
Fue promulgada a través del decreto 4.387 del año 2007, pero se dispuso -en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma, y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.
En aquél entonces se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.
Esta norma modificó la ley 9.783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737
Agregó además que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos que debe afrontar la Nación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.
La Legislatura la sancionó en octubre de 2014. Fue publicada en el Boletín oficial a principios de noviembre de ese año y presentada como un avance por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la Justicia de la provincia.
Pero tuvo, la 10.329, solo algunos días de vigencia, durante los que se desarrollaron muchos procedimientos, ya que los jueces federales de Paraná, Leandro Ríos y de Uruguay, Pablo Seró, declararon la inconstitucionalidad de la norma.
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