Es bien sabido que cuando el Estado está ausente las empresas petrolíferas pueden constituirse en el ejemplo más claro del capitalismo salvaje, fundado en la capacidad de presión que otorga el dominio oligopólico de un área estratégica para la sustentabilidad del sistema económico. Por eso, fueron presidentes radicales quienes nacionalizaron el petróleo, crearon y pusieron en funcionamiento YPF y anularon los contratos que afectaban la capacidad de decisión nacional. Asimismo, fueron los legisladores radicales quienes se opusieron en la década del 90 a la privatización de YPF llevada adelante por el presidente Menem.
Pero el discurso de la Presidenta no alcanza a disimular la ausencia de una política energética de mediano y largo plazo, que nos lleva a gastar extraordinarias sumas en importar energía. El déficit energético que hoy padecemos, anticipado por decenas de especialistas de todo signo político, revela la inexistencia de una adecuada planificación del área. Nuestro país perdió el autoabastecimiento energético que exhibía desde 1989 y que logró mantener por más de 20 años y se ha convertido en un país dependiente. Ya no cabe duda de que semejante ritmo de dependencia energética externa no es disimulable; y además es insostenible. En realidad, la falta de políticas serias y bien elaboradas es una condición típica de un gobierno que sólo trabaja sobre los efectos y no se ocupa de operar sobre las causas y está dejando pasar la oportunidad de cambiar la matriz productiva de Argentina a partir de la rentabilidad generada por los precios internacionales favorables.
Queremos que el gobierno tenga éxito, porque los fracasos siempre los paga el pueblo. Trataremos de competir con el oficialismo sin apoyarnos en sus errores, sino en ideas mejores y en conductas más transparentes. Pero tenemos la obligación institucional de ejercer la crítica -porque somos un partido de oposición- y la obligación moral de decir nuestra verdad como aporte para el éxito de todos. Nuestras propuestas serán una contribución para definir una política energética consistente que evite el daño que reconoce el gobierno y garantice el crecimiento de nuestra economía.
COMITÉ NACIONAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
