Tal es así que, el grueso de su obra pública, durante el urribarrismo, pasó por contratistas entrerrianos, nucleados en el gremio entrerriano de la construcción, mientras que, entre las pocas incursiones desde la Nación, solo se destaca el enripiado de la Ruta 9.
La historia comienza en mayo de 2008, cuando la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó con el ex Gobernador Sergio Uribarri la tan famosa “Acta de reparación histórica” para Entre Ríos, creando un fondo de 1.600 millones de pesos para la obra pública.
Con semejante disponibilidad, el primer recurso que encontró el Gobierno para generar recursos ilícitos fue la cartelización de la oferta contratista.
Cabe reseñar que un cártel es un acuerdo formal entre empresas de un mismo sector con el objeto de concentrar la oferta y, por ende, los precios, tal como si fuera un monopolio.
Ahora bien, cuando un cártel se asocia con quienes tienen a su cargo las contrataciones, captando toda la demanda a cambio de comisiones, estamos frente a un flagrante caso de corrupción. Ni hablar cuando los contratos son por obras públicas y quienes los emiten son funcionarios del Estado.
Según lo relatado por el propio Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, a quien el no sumarse al esquema de corrupción imperante le costó el cargo y la vida, la obra pública entrerriana comenzó a “cocinarse”, en 2009, en la Cámara de la Construcción, delegación Entre Ríos, donde comenzaron a repartirse los contratos y de donde empezaron a salir los bolsos con efectivo para los funcionarios.
En esa gremial coincidían por aquel entonces Miguel Ángel Marizza, Jorge Mizawak, los Tortul y los Szczech. Casualmente, todos estos personajes coinciden en el Boletín del 23 de agosto de 2012 como socios de dos empresas: Residential S.A. y Construyendo S.A., ambas con un millón de capital y ambas con el mismo domicilio de otras empresas de la familia Urribarri: Junín 658, 6to piso.
Tal fue el meteórico desarrollo de estas empresas que, por ejemplo, las firma Szczech y Szczech, en términos de meses, desplazó a empresas de larga trayectoria como Pietroboni, Pitón y otros.
De este modo, el gobierno de Urribarri logró consumar el cobro de “comisiones” evadiendo todos los controles del Estado.
Pero, por hacer bien los deberes, la Nación bendijo a la provincia con más recursos, entre ellos el Programa Más Cerca, lo que la obligó, en 2013, a crear por decreto la Unidad Especial de Contratación Directa para evadir los mecanismos de control por fuera del cártel.
En ese contexto, en 2014, llegó a Paraná la Cumbre del Mercosur, demandando una serie de obras de infraestructura. Para cumplir con estas, Urribarri decretó la creación de una Unidad Operativa y puso a cargo de la misma a Marizza, representando los intereses del cártel, y a Alicia Benítez, en representación de los suyos.
Pero como el negocio entrerriano se lo merecía, más “oportunidades” llegaron a la provincia, obligándolo a Urribarri a recurrir a otras innovaciones criminales con tal de alejar las obras públicas de los controles del Estado, como fueron los fideicomisos, como el creado para la millonaria reconstrucción del Puerto de Ibicuy.
En el mismo sentido, los gobiernos municipales simpáticos a la causa también tuvieron sus bolsitos de la mano de los Consorcios de Gestión, a los cuales el Ministerio de De Vido giró cifras millonarias para barrios que no terminaron.
Como se puede apreciar, desde 2007 al 2015, el Gobierno entrerriano y su Patria Contratista supieron copar la obra pública provincial y hacer un muy buen negocio de la misma, dejando muy poco espacio para la incursión de empresas externas, como Rovella Carranza.
Según los mentideros judiciales y políticos, esta es una de las empresas de José Francisco López, empresario y funcionario favorecido por la política de obras públicas del ex ministro Julio Miguel De Vido.
En 2015, Rovella Carranza enripió los 75 kilómetros de la Ruta Nº 19, que une General Galarza y Laguna del Pescado, por casi 490 millones de pesos, y hoy ya está detonada y, cuando llueve, es totalmente intransitable.
Al mismo tiempo, la empresa José E. Pitón realizó el reasfaltado de la Ruta 11, en los 170 kilómetros que unen Diamante con Gualeguay, con sectores de triple mano, garitas e iluminación en los accesos, por algo más de 250 millones.
De comparar ambas obras, resulta sospechoso que 75 kilómetros de ripio mal hechos hayan costado casi el doble del reasfaltado de 170 kilómetros con todos los chiches.
Como si esto fuera poco, la obra de la Ruta 11 incluyó su mantenimiento por parte de la empresa por 5 años, mientras que el ripio de la Ruta 9, una vez terminado, fue puesto en manos de Vialidad provincial.
Si bien todo lo expuesto fue denunciado por Daniel Enz, en Análisis, Osvaldo Bodean, en El Entre Ríos, y quien suscribe, en Gualeguay21, no todo ha llegado a la Justicia, y lo que ha llegado está bien custodiado velando por su impunidad.
Definitivamente, nuestra provincia superó a su maestro y ha sido una buena alumna en las prácticas corruptas aplicadas en la obra pública argentina, ya que la aprovechó para si misma sin dejar cuadernos que muestren el recorrido de sus bolsos.
Norman Robson para Gualeguay21
