Juan Pérez está procesado por el crimen de su vecino. Su causa se elevó a juicio donde se definirá si lo condenan o absuelven. Algunas pruebas que hay en el expediente lo complican, pero tiene expectativas de que en el debate algún testigo clave se desdiga o se olvide, que se conozca alguna irregularidad durante el proceso que haga caer la causa, que el tribunal cambie la calificación del delito o que surja una buena prueba a su favor.
Pero antes, el fiscal (el acusador) llama al abogado defensor y le propone negociar antes de ir al juicio oral, ofrece la mínima pena por el delito de homicidio: ocho años de prisión a cambio de que Juan se declare culpable; y si no acepta, en el juicio le pueden pedir unos 11 o 12 años.
Si el acusado considera que está muy complicado y que la acusación es irreversible, es muy probable que su abogado le aconseje cerrar el trato; pero si hay dudas y elementos para conseguir una pena menor, un cambio de calificación o la absolución, posiblemente Pérez rechace la oferta y vaya al juicio, con la esperanza de que el tribunal crea su versión, aunque también bajo el riesgo de pasar más años en la cárcel.
Este tipo de acuerdos y negociaciones se llama juicio abreviado, existe desde hace varios años, pero en 2011 se ha implementado mucho más, y este año parece que la tendencia se profundizará. En la Justicia algunos sostienen que es un avance importante y un beneficio para el imputado, aunque otros creen que puede ser una extorsión y que tal negociación no es justa ni se da en igualdad de condiciones. Por otro lado, “agiliza” el lento y “desbordado” sistema judicial.
La situación no llega a ser como en las series estadounidenses, donde los fiscales arrinconan en la penumbra de un cuarto al acusado y le ofrecen una determinada pena, observados por astutos investigadores detrás de un vidrio espejado. En aquel país pueden negociar, incluso cambiar la calificación de un delito -bajar de un homicidio calificado a un homicidio simple, por ejemplo-, mientras que en Argentina se negocia la pena dentro del margen de años de prisión que contempla cada delito en el Código.
Pero los números pintan un panorama: según los datos obtenidos por UNO sobre los juicios realizados desde febrero hasta fines de noviembre de 2011, en la Justicia provincial (Cámara Penal y juzgados correccionales) se desarrollaron 79 juicios orales y públicos, y 69 abreviados, apenas 10 menos. En la Justicia federal, en el mismo período, hubo casi el doble de acuerdos previos que debates con indagatorias, testigos y alegatos: 27 juicios abreviados y 14 tradicionales en el Tribunal Oral Federal de Paraná. En total, sumando las órbitas federal y provincial, el 46% de las condenas se pactó sin llegar al juicio oral y público.
¿Súper promo o encerrona?
Jueces y fiscales consultados afirmaron que con el juicio abreviado el condenado obtiene un beneficio, ya que “acepta la pena si le conviene”, explicó el presidente de la Cámara Penal, Hugo Perotti. El juez Correccional Nº 2 Daniel Malatesta dijo que “hay una asunción de responsabilidad genuina por el imputado, incluso en términos de conveniencia, como una forma de asegurar la paz jurídica y la paz social, que es lo que tiene que perseguir una Justicia moderna”. Un fiscal aseguró que en el abreviado siempre se le ofrece una pena menor a la que le podría pedir en el oral. Pero es justamente esta diferencia la que genera más polémica en la Justicia entrerriana, ya que se camina sobre el límite de la negociación y la extorsión: o lo aceptás o puede ser peor.
Quienes más disconformes están con esta modalidad de juicio son los defensores oficiales. Uno de ellos prefirió no hacer declaraciones al respecto porque su opinión sobre el juicio abreviado “no es buena”. Por su parte, el defensor Alberto Silva Velazco aclaró: “El tema se presenta a veces como si fuera una encerrona para nosotros, porque tenemos una sola posibilidad para negociar, porque generalmente tenés que adherir a lo que pide la Fiscalía, y si no aceptás vas al juicio oral, donde por lo general es mayor la pena que se pide”. En este sentido, consideró que es este punto el que los legisladores deben aclarar: “No se fundamenta porqué en el abreviado te piden un monto de pena y si al imputado no le decís que acepte después el fiscal en el debate pide más. Eso no debería ser así.”
Otras voces en los despachos de los Tribunales paranaenses señalaron que el juicio abreviado, en ocasiones, se presenta “como una medida extorsiva”, más allá de las intenciones de los acusadores, “en la práctica se da así”. Y lo grave en este sentido es que “se está evitando un juicio justo, porque tenés poco margen de discutir la pena”, agregan. Aunque en varios casos (no en la mayoría) reconocen que ha sido conveniente negociar, ya que los condenados evitaron penas mayores, sobre todo en aquellos donde los atraparon delinquiendo (en flagrancia) donde saben que la condena es segura.
Por otro lado, también se puede entender que los que pierden con el juicio abreviado son las víctimas de los delitos y sus familias, quienes están esperando una sanción ejemplar para el victimario, pero finalmente le dan una pena menor a la que le podrían imponer sin negociación en un juicio oral y público.
La verdad y la agilidad del sistema
La otra cuestión es que el objetivo del juicio oral es determinar si las pruebas colectadas para una imputación son lo suficientemente convincentes como para una condena. Allí están las declaraciones de los acusados, de los testigos y los alegatos de los abogados. El acusado llega a juicio procesado con la sospecha de que es culpable de un delito: “El fiscal tiene que investigar si el hecho existió o no, lo ideal es el debate para saber qué pasó”, sostuvo el fiscal de Cámara Rafael Cotorruelo.
Además, el juez Perotti dijo: “En el juicio oral y público se ventilan cosas que no están en el expediente, y la sociedad quiere saber qué pasó”. Durante la instrucción la información de la causa es secreta, y la sociedad tiene el derecho de conocer la verdad a través del juicio oral y público.
Por otro lado, los funcionarios judiciales consultados por UNO coincidieron en el primer punto a favor del juicio abreviado: “Mejora la capacidad del servicio de Justicia”, sostuvo el juez Malatesta, y Perotti afirmó: “Desde el punto de vista pragmático acelera muchísimo los tiempos: en una causa que va para dos años, se adelanta”. Por su parte, el fiscal Cotorruelo expresó: “Descomprime el sistema jurídico, lo ideal es que se haga lo antes posible, apenas se eleva a juicio la causa”. Según se informó, la Sala I de la Cámara Penal recibe entre 100 y 110 causas por año, y unas 50 pueden llegar a juicio. Para las autoridades judiciales no alcanza ni la estructura ni el presupuesto actuales para que todas las causas vayan a juicio, de tal manera el sistema colapsaría, argumentan. Hoy el Poder Judicial recibe el 2,6% del presupuesto provincial (468.051.000 de pesos).
La sociedad cuestiona a la Justicia por lentitud, esta se defiende sosteniendo que está colapsada y con poco presupuesto que le manda el gobierno, y la Legislatura responde cambiando las leyes con estrategias para resolver causas más rápidamente, como el juicio abreviado, la probation o la conciliación, que no dejan de generar polémica.
El abreviado
El juicio abreviado existe en el Código Procesal Penal de la Nación (para los delitos federales como narcotráfico y trata de personas) desde 1997. En Entre Ríos se incluyó en el Código provincial en 2003, con la Ley Nº 29.525 que permitía aplicar esta modalidad de juicio para delitos cuyas penas no sean mayores a los seis años de prisión. Luego, en 2008, la nueva reforma del Código Penal aumentó las posibilidades de aplicación, permitiendo negociar las penas de cualquier delito.
José Amado para UNO Entre Ríos
