El tema es asi: La resolución 100/2020 de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, en su artículo 1°, define como precios máximos de venta al consumidor final “aquellos precios efectivamente informados por cada comercializadora al SEPA vigentes al día 6 de MARZO de 2020, para cada producto descripto en su reglamentación y por cada punto de venta”.
Al mismo tiempo, en el artículo 2°, determina que para ello, “todos los distribuidores, productores y comercializadores” también deben hacer lo propio manteniendo los precios a la misma fecha.
Ahora bien, el problema surge cuando los mayoristas que operan en el mercado local ofrecen sus productos no solo por arriba de sus valores mayoristas al 6 de marzo, sino, incluso, por arriba de los valores a consumidor final de aquella fecha.
De este modo, el minorista local debe elegir entre violar la resolución o no comprar, lo que lo lleva a violar la ley que garantiza el abastecimiento. O sea que, de una u otra forma, puede ser multado o clausurado, lo cual, en estos tiempos de recesión, puede significar la muerte del negocio.
En este contexto de soledad e indiferencia se debate el Comerciante gualeyo, con una Municipalidad solo interesada en multarlo, sin entender cual es la situación, y un Centro Económico que no solo no lo representa, sino que, encima, miente públicamente diciendo que hace cosas que nunca hizo, ni le interesó hacer.
Por estas razones, la actividad económica de Gualeguay no solo está en una profunda crisis, sino que las soluciones previstas por parte del Gobierno Nacional, a través del Gobierno Provincial, en cuanto a la flexibilización de actividades en el marco de la Cuarentena Focalizada o Administrada, no han sido gestionadas por sus instituciones, ni públicas ni privadas.
Tal es la gravedad de la situación que, al día de hoy, ya hay más de una docena de negocios que pidieron su baja en Rentas Municipales, y la mitad de ellos estaban exceptuados y funcionando. Y ésto recién empieza.
Norman Robson para Gualeguay21
