Aquel día, atendiendo “la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas”, poniendo “un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan”, asegurando “un medio de ilustrar a la Nación”, y como “el único camino para llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública”, la Junta Grande decretó que “todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado, tienen libertad de escribir, imprimir, y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión, y aprobación alguna anteriores a la publicación”.
En ese contexto, también se advirtió que “los autores e impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad”, que todos aquellos textos “contrarios a la decencia pública y buenas costumbres” serían castigados con la pena de la ley, y que jueces y tribunales entenderán en la investigación, calificación y castigo de “los delitos que se comentan por el abuso de la libertad de la imprenta”.
Al efecto de cumplir con lo decretado, se conformó una Junta Suprema de Censura, la cual debía atender todos los reclamos del caso, e impartir las penas que correspondieran, las cuales debían ser difundidas públicamente, mientras que lo único sujeto a censura previa seguía siendo lo relacionado con la religión.
Antes de este decreto, Manuel Belgrano ya había adelantado la imperiosa necesidad de preservar esta libertad, por escrito, en la prensa de la época, al igual que lo harían después José de San Martín, en el Perú, Manuel Dorrego, durante su exilio y a su regreso, y tantos otros patriotas a lo largo de nuestra historia.
Pero, a pesar de tamaños antecedentes históricos, hoy, a dos siglos y una década de aquel día, la libertad de prensa sigue siendo una utopía. Hoy, el poder político no reprime abiertamente, pero sí lo hace de forma encubierta. En la actualidad, el Estado se abusa del hecho de que sus pautas publicitarias sean indispensables para la supervivencia de los medios, al grado de condicionar sus contenidos.
Tan es así que la pauta oficial se ha convertido, en muchos casos, en una prebenda encubierta a cambio de una propaganda que sostenga el relato oficialista. Una realidad que afecta, de modo terminal, al periodismo independiente.
Norman Robson para Gualeguay21
