Actualmente, en la actividad minorista de kioscos y cabinas telefónicas se está instalando la política de cobrar un extra en comercializaciones cuyo rédito, para los comerciantes, es insuficiente, como es el caso de las tramitaciones de Carga Virtual o Tarjetas para reponer el crédito a las líneas de celulares, por las cuales se ha comenzado a cobrar, en algunos locales, un peso extra, ya que la magra ganancia rondaría el 3 por ciento.
Si bien es cierto que las prestadoras se abusan y acuerdan que los minoristas comercialicen con una ganancia mínima, y también es cierto que el estado permanece ausente sin tomar cartas en el asunto, todo esto no justifica que se dejen de lado algunos preceptos morales que hacen a la buena práctica comercial.
Cabe destacar que la situación que surge con las cargas de crédito telefónico no tiene grandes diferencias con lo que ocurre con los cigarrillos, cuya rentabilidad no supera el 7 por ciento, aunque estos, históricamente, fueron considerados por los comerciantes como un gancho que no deja grandes resultados pero es un buen argumento para la captación de ventas.
Del mismo modo, vale recalcar que en el caso de las cargas virtuales, por años el comercio aceptó y avaló esta operatoria y así acostumbro a los consumidores, mientras que ante la primera situación desfavorable, los comerciantes optaron arbitrariamente por cobrar un peso más el valor de la carga.
En este sentido, con el objeto de analizar esta situación, se debe tener en cuenta que cuando se recibe una propuesta de comercialización, el oferente tiene la libertad de diseñarla a su antojo, mientras que el comerciante tiene la prerrogativa de aceptar o no esa propuesta, pero no tiene ningún derecho legítimo a alterarla según sea su conveniencia.
Por lo tanto, modificar una propuesta de comercialización instalada en el mercado, más allá de las leyes vigentes y de que el damnificado sea una nefasta empresa oligopólica, no solo está mal sino que atenta contra la lealtad comercial.
Del mismo modo, optar por la comodidad de aplicar arbitrariamente un plus al valor de la carga expone ante el consumidor, el cliente, una preocupante inmadurez comercial que atenta contra la fidelización de la clientela.
Pero mucho peor es el impacto en el mercado cuando existe una rígida resistencia a emitir un comprobante por ese sobreprecio, violando lisa y llanamente las leyes vigentes.
Ahora bien, si lo expuesto demuestra una paupérrima actitud comercial por parte de estos locales, no es menos pobre la aceptación de esta situación por parte de los consumidores, exponiendo una aguda falta de madurez cívica, con un total desconocimiento de los derechos del consumidor, y un comodismo escalofriante donde se somete sin reclamo alguno.
En conclusión, ante una propuesta de comercialización el comerciante debe evaluarla y aceptarla o no según lo considere conveniente, y si cambiaran las condiciones del contexto, puede optar por suspender la comercialización, pero nunca, luego de aceptarla, modificarla de acuerdo a sus intereses, y, menos, violar la ley vigente negándose a brindar el correspondiente comprobante.
Si la plaza comercial y los consumidores actuaran con madurez, automáticamente se depuraría la oferta y la demanda erradicando arbitrariedades como esta donde los valores se ponen en oferta por un peso.
Norman Robson para Gualeguay21
