El sistema judicial argentino atraviesa una situación crítica: el 37 por ciento de los cargos de jueces en el Poder Judicial de la Nación se encuentran vacantes. Esta coyuntura tuvo un grave impacto institucional, en particular en las demoras y en la normal tramitación de los procesos judiciales. Pero la magnitud de las vacancias presenta otro problema: incrementa el riesgo de que los cargos sean utilizados como herramientas de negociación y se debilite el rol de la Justicia en el control del poder.
Por eso, resulta fundamental garantizar que los nombramientos respondan a criterios claros, objetivos y verificables que prueben idoneidad e independencia.
Ahora bien, a partir del envío de 67 pliegos por parte del Poder Ejecutivo al Senado, desde ACIJ advierten que, de las candidaturas propuestas, doce registran saltos en el orden de mérito, veinte no habrían podido ingresar en las ternas según su posición en el primer orden de mérito, siete tienen vínculos familiares con magistrados o exmagistrados, y tres ocupan u ocuparon cargos políticos. Por otro lado, en desigualdad de género, el 70 por ciento de las personas propuestas son hombres.
Por último, señalan que estos datos no solo ponen de manifiesto las falencias de los procesos de selección ante el Consejo, sino también las deficiencias en la evaluación realizada por el Poder Ejecutivo al momento de formular las propuestas.
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