A principios de este mes, unos 20 días atrás, una funcionaria descubrió una cámara oculta activa registrando el sector de sanitarios y cambiadores de la Comisaría Primera, donde ella estaba asignada. Asustada, informó de inmediato lo descubierto a sus superiores, quienes quisieron impedir que fuera con la Jefa Departamental, la Comisario Gabriela Bruna. Igual lo hizo, y ésta desmereció la gravedad del hecho, decidió no darle mayor trascendencia al tema y mantenerlo dentro de la fuerza. Hoy actuó la Justicia, se destapó la olla, y trascendieron los detalles del vergonzoso proceder de los mandos.
El artículo 1770 sobre la protección de la vida privada establece que aquel “que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias”, y agrega que, además, “a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación”.
Lo ocurrido en la Comisaría, donde, una vez, ya se ocultó la falta de dinero, donde, otra vez, incorporaron un sospechado de robo, y donde trabajaban los efectivos qué se dedicaban a desvalijar casas, es un nuevo escándalo. Esta nueva situación pone en evidencia la mediocridad de los mandos superiores de la fuerza a nivel departamental y provincial, pues la superioridad estaba al tanto de lo ocurrido desde un primer momento.
A partir de lo ocurrido, pasaron los días y, viendo que se había decidido ocultar el grave hecho, que los detalles de lo ocurrido ya eran comentario en la fuerza, y que nadie se le había acercado para brindarle contención alguna, la funcionaria habría compartido lo ocurrido con su familia, todos policías, y éstos le habrían recomendado realizar la denuncia ante la Justicia lo antes posible.
Así lo habría hecho y, ayer por la tarde, la fiscal a cargo del caso, la Dra. Mariángeles Schell, ordenó un allanamiento a la Comisaría Primera. Si bien no trascendieron precisiones, el operativo habría resultado negativo, ya que tuvieron tiempo suficiente, 20 días, para desaparecer cualquier rastro o prueba del hecho. Vale señalar que el día que la funcionaria descubrió el hecho, las autoridades de la comisaría habrían roto y quemado la cámara.
Actuaciones graves. La superioridad local involucrada en este hecho cometió las siguientes irregularidades:
•Encubrir un hecho grave, no denunciarlo inmediatamente a la Justicia, e interferir con el esclarecimiento del caso permitiendo la desaparición de pruebas.
•Desconocer, o despreciar, las protecciones de la mujer dispuestas por la Ley Micaela.
•Desinteresarse, o despreciar, el impacto emocional sufrido por la víctima vulnerada en su intimidad, agravado por las crecientes y conocidas decisiones extremas que asolan a la fuerza.
Por último, lo actuado por los funcionarios involucrados configura, sin lugar a dudas, y por lo menos, un incumplimiento de sus funciones.
Las mentiras tienen patas cortas, y los altos mandos ya lo saben bien. Es tiempo de darle a Gualeguay lo que merece.
Norman Robson para Gualeguay21
