Este proceso se dio en dos paralelos, por un lado, desvirtuando o, incluso, anulando la acción de los entes contralores del Estado, y, por el otro lado, promoviendo la degradación de los valores éticos de la sociedad, alterando entre ambos el sistema de garantías individuales.
Hoy por hoy, este sistema de garantías, compuesto por las segundas y terceras instancias judiciales, el Inadi, el Tribunal de Cuentas, como tantas otras entidades periféricas a la justicia, que preservaba a la sociedad de cualquier error, adrede o no, del sistema de justicia, hoy se encuentra degradado a su mínima expresión en su capacidad de acción supeditando su proceder a los intereses del gobierno de turno.
De este modo, hoy, los ciudadanos están desprotegidos ante cualquier avasallamiento de sus derechos, proliferando las persecuciones, las represiones, las discriminaciones, y todo tipo de abusos de poder, mientras que el gobierno desvía la atención promoviendo una discusión estéril sobre si hay una politización de la justicia o una judicialización de la política.
A la hora de los reclamos y las denuncias, el sistema se torna funcional a los intereses del poder, desacreditando o difamando a quienes reclaman o denuncian y actuando sin la menor consideración por lo que manda la ley, argumentando que un lado de la biblioteca legal dice una cosa y la otra mitad otra.
Hoy, convenientemente, se mezclan la justicia y la política, cuando lo cierto es que una justicia justa es la que garantiza una buena política y una política justa promueve una buena justicia, y ambos, la buena política y la buena justicia, sostienen el Estado de Derecho.
Pero, lamentablemente, hoy en día, todo esto parece ser considerado utópico, ya que la justicia ya no es ciega y su juicio depende siempre de quienes son las partes, haciendo de la impunidad una moneda de uso corriente, y provocando que el Estado de Derecho se vaya diluyendo dando lugar a fantasmas del pasado.
Hoy el escenario es de descalabro general, sutil pero contundente, sin orden, sin respeto, ratificando y potenciando una situación de indefensión total donde el gobierno puede someter a la ciudadanía a aceptar sus mandamientos indistintamente dentro y fuera de la ley.
O sea, los ciudadanos debemos aceptar todo lo que el Gobierno haga sin chistar.
Pero lo más grave de todo esto es el consentimiento cómplice de la sociedad, quien ha perdido de vista los valores éticos y morales y ya ha aceptado que la justicia es solo para algunos.
Hoy llegamos a un punto donde nuestros deberes y derechos ya no solo no son reconocidos por el Estado, sino que tampoco son reconocidos por nuestros propios vecinos, por nuestros pares, lo que expone la gravedad de una situación que pone en riesgo la misma democracia.
Hoy todos asistimos a la dilución del Estado de Derecho sin inmutarnos, sin la más mínima consciencia sobre la trascendencia que tiene esto en el futuro de nuestra sociedad.
O sea, hoy, a una importante porción abúlica de la sociedad no le importan sus derechos, menos sus deberes, no les molesta que se violen las leyes, y ya tiró todos sus valores en un rincón, sin darse cuenta que está condenando su futuro y el de sus hijos y nietos.
Por lo tanto, es importante que quienes aún no componemos esta porción de la sociedad insistamos en exponer nuestro compromiso con la ley, los valores, y los deberes y derechos de los individuos, sin cejar en la lucha por un futuro mejor.
Es vital promover la recuperación de los valores éticos y morales para, así, reinstaurar un Estado de Derecho pleno.
Norman Robson para Gualeguay21
