Hoy Erro rinde cuentas ante la Justicia

En este sentido, el  dictamen de dicha Cámara habla de que para que un acto pueda ser calificado como corrupto no es necesario que haya traído aparejado un perjuicio patrimonial al Estado, pues hay otros perjuicios, incluso más significativos, íntimamente relacionados con el bien jurídico protegido, como la fe o la confianza pública depositada en el funcionario y en el normal funcionamiento de la administración.
Con estos antecedentes, Erro llega a este debate altamente comprometido no solo por la ratificación del procesamiento sino también por una serie de factores que fueron surgiendo a lo largo de la causa.
En principio, y respecto a lo puramente técnico, Erro mintió reiteradamente negando haber utilizado el medidor portátil a nombre del municipio para abastecer de energía eléctrica un local de su familia donde se realizaría un acto proselitista organizado por él, lo que queda demostrado al escuchar o leer sus declaraciones públicas antes y después de la denuncia.
Ante la comprobada contundencia de su compromiso, Erro embistió contra el aparato judicial local y provincial atacando las figuras del Fiscal Rodrigo Molina, del entonces Fiscal Sebastian Elal, de la Jueza Alejandra Gómez, y del mismo Procurador General de la Provincia, el Dr. Jorge García, alegando que todos obedecían a mandatos políticos, acción que solo agravó su situación.
Del mismo modo, otro de los factores que impactarían negativamente en la causa, aparte de las reiteradas mentiras y de su reacción mediática, es la actitud de Erro asegurando que eran seis pesos con cincuenta, cuando en realidad la factura totalizó pesos 101.99, pero más allá del monto sería aquí donde la justicia entendería que se atenta contra la confianza pública depositada en el funcionario y en el normal funcionamiento de la administración.
Por otro lado, el intento de Erro de habilitar el lugar como una dependencia municipal, el Concejo de la Mujer, tres años después a través de una ordenanza, cuando se difundían imágenes del local con sendos carteles proselitistas tomadas aún después de iniciada la causa, alertó a la justicia sobre los burdos manejos con que se pretendía disimular la situación.
Pero el carácter llamativo de todo este proceso es que, más allá del delito inicial de Erro, su compromiso se fue profundizando a lo largo del proceso gracias a sus desafortunadas reacciones mediáticas y no mediáticas, y el cual se ve agravado por el poco respeto que para Erro merecería la ley y la justicia, especialmente si se considera que él mismo es doctor en leyes.
Igualmente, más alla de que la defensa considere una nimiedad el desvío de una ínfima cantidad de dinero para el pago de un servicio utilizado por muy poco tiempo, las instancias se van agotando y la causa del medidor va llegando a su desenlace, el cual debería trascender los intereses particulares de quienes están involucrados directa e indirectamente ateniéndose estrictamente a lo puramente jurídico.
Gualeguay21