Promulgan decretos que despiertan sospechas

Si bien estas acciones podrían estar circunscriptas dentro de las atribuciones del Ejecutivo, estos decretos, aprobando contratos celebrados, adolecerían de algunas características que los pondrían su legitimidad en tela de juicio.
El primero de estos decretos, el 223/14, aprueba un contrato de “comodato o préstamo de uso oneroso” de un “espacio físico de terreno” ubicado en La Costanera, cuando, en realidad, se trata de una flamante construcción a estrenar.
Ahora bien, del contrato de referencia se desprende que tan importantes instalaciones habrían sido alquiladas por una temporada de tres meses, a solo $ 2.500 mensuales, para que funcione allí una “confitería, snack-bar-barras-restó show y actividades afines.
A través de esta operación, la Intendencia habría dispuesto, arbitrariamente, sin llamar a licitación, alquilar uno de nuestros bienes por una irrisoria suma a un particular elegido a su antojo.
Las sospechas sobre esta operación surgirían, no solo en por evadir la licitación correspondiente, sino, también, por la desprolijidad del texto contractual y en el bajo valor del contrato.
Del mismo modo, a través del decreto 273/14 del pasado 7 del corriente, la Municipalidad habría contratado los servicios de un reconocido abogado penalista local para que se desempeñe como “Asesor Legal del Presidente Municipal”.
Este letrado, quien se suma a las ya abultadas huestes de asesores legales al servicio de la Municipalidad, según reza en el contrato de locación de servicios, cobraría la suma de doce mil pesos mensuales.
Si bien el Ejecutivo puede contratar la asistencia legal que considere necesaria, en este caso las sospechas surgen a partir de que, amén del carácter innecesario de la incorporación, el año pasado ya habría trascendido en los ámbitos del foro local que éste abogado ya estaba asesorando penalmente al Intendente en la creciente cantidad de causas por peculado que lo comprometen cada vez más seriamente.
Cabe destacar que, de ser esto cierto, el Estado no solo estaría gastando el dinero público en acusar y juzgar al intendente por sus múltiples causas de peculado, sino que, también, estaría gastando en defenderlo.
Estos dos contratos, homologados con sus correspondientes decretos, estarían exponiendo a la Gestión Erro a más sospechas de abuso e incumplimiento de funciones.
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Gualeguay21