Atentado contra la salud pública

Estos pacientes, los cuales no son pocos, desde hace años vienen siendo atendidos en extensas jornadas por dos siquiatras que vienen, por un magro contrato informal, desde la ciudad de Rosario.
De este modo, en estos años, los Dres. Eugenia Álvarez y Fernando Silocchi estiran las horas, más allá de la siesta, atendiendo pacientes que llevan semanas, sino meses, esperando el turno.
Sí. Semanas, sino meses de espera.
Para comprender esto, vale recordar que el servicio de Salud Mental del hospital NO es para atender “locos”, sino para atender la enorme masa de personas “normales” con problemas de depresiones, adicciones, y demás yerbas.
Esta atención no solo es para mejorarles la calidad de vida, sino, también, para que no mueran a causa de estos problemas.
Es de destacar que en una ciudad de 50 mil habitantes, donde la exclusión social alcanza el 30%, donde los niveles de drogadicción infantil, depresión en adultos e inestabilidad emocional son alarmantes, y todo esto se pretende ocultar bajo la alfombra, solo dos siquiatras una vez a la semana es absolutamente insuficiente. Es, lisa y llanamente, un abandono masivo de personas por parte del Estado.
Ahora bien. Ante esta situación, la profesional al frente de Salud Mental decidió gestionar un cargo ante el Gobierno provincial, como corresponde, para formalizar, aunque sea parte del servicio.
Era hora.
Finalmente, el nombramiento oficializando el cargo llegó, pero, oh sorpresa, para ninguno de los dos profesionales que durante tantos años le pusieron el hombro al servicio de Salud Mental y a la gran masa de pacientes, sino para una tercera profesional allegada a la jefa del servicio.
Si bien premiar a un tercero sin darle la posibilidad de formalizar a quienes se sacrificaron por tantos años era una injusticia, primó el hecho de que este nombramiento lograba ampliar el servicio ante la creciente demanda. Y la resignación traicionó a la justicia.
Pero, en una decisión insólita, se le canceló el contrato a uno de los profesionales que por tanto tiempo se dedicó al servicio: la Dra. Eugenia Álvarez, interrumpiendo arbitraria e innecesariamente los numerosos casos que venía atendiendo.
Como era de esperarse, tan ridícula y descabellada medida despertó la furibunda reacción de quienes están realmente comprometidos con la salud pública de la ciudad de Gualeguay y de quienes necesitamos de ese servicio de Salud Mental como una cuestión de vida o muerte.
Más allá de la medida, indignante en sí misma, subleva al límite de lo intolerante la incompetencia administrativa teñida del más absoluto desinterés por satisfacer la demanda de salud de un pueblo.
El anteponer los funcionalismos políticos a los legítimos derechos del pueblo subleva hasta las piedras.
Es que se le puede echar la culpa al Ministro por no lograr nombramientos y cargos, pero no por cancelar un contrato, una decisión exclusiva de la administración local, la cual ya cansa por su desafortunada gestión poniendo en riesgo la salud de los gualeyos más desprotegidos.
Definitivamente, estas acciones, las cuales contradicen todos los preceptos modernos sobre salud pública, atentan contra la integridad física y emocional de todo un pueblo: el pueblo gualeyo.
Norman Robson para Gualeguay21